Pepa Ferrando obligó ayer a algo muy poco habitual en el Partido Popular: a que un cargo orgánico -el secretario provincial, José Juan Zaplana- tenga que salir a la palestra desmentir a otro, concretamente a ella porque, aunque está suspendida de funciones sigue siendo la presidenta que eligió el PP en Orihuela y a eso se aferra en tanto en cuanto no se sabe qué pasa con el expediente que puede acabar con ella fuera del partido. Tal y como adelantó INFORMACIÓN, Ferrando acudió ayer a Valencia, a petición propia, para mantener un encuentro con la secretaria regional, Isabel Bonig y analizar la situación que se ha creado. A la misma acudió junto a ella Francisco Pérez, el presidente nombrado por una ejecutiva local hace dos semanas, que la dirección regional no reconoce; y un expedáneo del Badén que les acompañaba por causas que se desconocen; y junto a Bonig acudió el secretario provincial en Alicante, José Juan Zaplana.
Al término de la misma, Ferrando aseguró en declaraciones a este diario que Bonig le había ofrecido lo que denominó: «El pacto de la vergüenza» y propuesto el archivo de su expediente de expulsión y el de los otros cinco ediles expedientados tras el pleno del pasado 22 de diciembre, en el cual se negaron a apoyar una moción contra los imputados por delitos de corrupción en las listas electorales de mayo. Siempre según Ferrando, a cambio de que «me retira de la primera línea en cuanto a encabezar la lista del partido de cara a las próximas elecciones y aceptáramos el dedazo del PP». El archivo del expediente se haría, «el 25 de mayo, justo después de las elecciones» y, mientras tanto, «quedaría guardado en un cajón para que no hiciéramos ruido». A continuación Ferrando aseguró que volverá a reunirse con sus simpatizantes, para dar cuenta de las condiciones ofrecidas por la dirección regional y «tomar una decisión de futuro».
Después de conocerse estas declaraciones de Ferrando, el secretario provincial negó el contenido de la reunión y mucho menos el que Bonig hubiera ofrecido «tapar los expedientes» abiertos, algo que en cualquier caso correspondería al Comité de Derechos y Garantías, que es el órgano que debe resolverlos.
Según Zaplana, «nuestro único objetivo y así se lo hemos transmitido es que el Partido Popular de Orihuela no se rompa» y que le hicieron ver que el primer paso para volver a la normalidad es que dé un paso atrás en el tono de sus declaraciones, que no sólo se produjeron el 22 de diciembre tras el citado pleno de la moción sino el pasado jueves coincidiendo con una visita del presidente Alberto Fabra a Torrevieja en la que tildó a Dámaso Aparicio -la persona que ha puesto de forma provisional Bonig en su puesto- de «traidor».
Firmas
Durante el encuentro del ayer, Ferrando llevó las 1.500 firmas recogidas entre simpatizantes y afiliados en favor de una solución al conflicto que pase por el archivo de los expedientes. El documento, según fuentes del PP, carece de credibilidad. El mismo también ha sido remitido a la dirección nacional. Según el PP, el tono de las declaraciones que realiza Ferrando desde que fue expedientada no están ayudando a una solución al conflicto, y así se le hizo ver, ni mucho menos la interpretación que sacó ayer como conclusiones de para qué había servido el encuentro.
