El alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez (PP), la concejala de Fiestas, Concepción Castell (PP), y una asesora tendrán que prestar declaración el próximo mes de marzo, en calidad de imputados, por un supuesto delito de prevaricación o fraude en relación con unas adjudicaciones realizadas para las fiestas de los años 2011 y 2012, según el escrito del fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, quien ha solicitado también la testifical acompañado de abogado de un empresario, Antonio M. S., quien supuestamente se habría beneficiado de un contrato y tras considerarlo cooperador necesario. Por estos hechos ya prestó declaración otro concejal, Jeffrey Wiswniewski, un independiente que le da la mayoría al PP en San Fulgencio y que dirige la Concejalía de Urbanizaciones.
El regidor se encuentra inmerso en otra causa judicial, también como imputado, que pasó durante diciembre a procedimiento abreviado; es decir, está pendiente de calificación después de que el juez instructor considerara que existían indicios suficientes para seguir adelante en este asunto contra el alcalde por la concesión de subvenciones a un club de fútbol presidido por un compañero de partido. Carlos Ramírez se ha defendido siempre de estas acusaciones y ha culpado a la oposición de presentar denuncias falsas contra él.
El fiscal sostiene en su escrito que el alcalde tiene que declarar por un contrato que estando en trámite ya fue publicado por la web de la Concejalía de Urbanizaciones. «Se evidencia claramente cómo en el año 2012, además de a la adjudicataria, se realizaron ofertas a dos empresas representadas por la misma persona, lo que permite inferir que realmente era una misma empresa, lo que sería una evidencia más de lo fraudulento del proceso de adjudicación contractual», asegura en su escrito.
La principal prueba es la declaración de un testigo quien asegura que el representante de un mercantil le habría facilitado cierta información que «confirmaría que el procedimiento de adjudicación, al menos en lo relativo al año 2011, estaría claramente dirigido para su adjudicación» a un segundo aspirante.
Las irregularidades se evidencian para el Ministerio Público en que «cierta información relativa al programa de fiestas y actuaciones que serían realizadas en las mismas fueron publicadas en páginas web que podrían estar vinculadas al Ayuntamiento de San Fulgencio antes de que se hubiera procedido a la adjudicación de los contratos, lo que convertiría los respectivos procedimientos administrativos de adjudicación contractual en actos claramente prevaricadores».
La supuesta implicación del alcalde en estos hechos se derivaría de que realizó las invitaciones a las empresas intervinientes en el procedimiento administrativo y formalizó los diferentes contratos administrativos. En el caso de la edil, por ser miembro de la mesa de contratación y de la junta de gobierno que procedió a la adjudicación del año 2012. Y en el de la asesora por realizar funciones de asesoramiento y de apoyo en la organización de las fiestas.
