Una querella con efecto boomerang. La magistrada Iris Valero ha imputado al alcalde electo Luis Rodríguez (PP), que toma posesión mañana, y a la edil Pilar Yagües al considerar que hay indicios de que han cometido un delito de denuncia falsa. Ambos rubricaron poco antes de las elecciones de 2011 una querella por supuestas irregularidades en la gestión municipal dirigida contra el entonces alcalde socialista Daniel Padilla, la secretaria, la arquitecta y un técnico y el despacho de abogados que trabajaba en al Ayuntamiento en aquel momento, por supuestas irregularidades en una permuta para la construcción de un supermercado y la ejecución de varias obras municipales. Actuaciones que se han demostrado conformes a derecho. La Audiencia ratificó el archivo de la causa el pasado mes de mayo. Pero la magistrada del juzgado de Instrucción 1 de Torrevieja, en una decisión poco habitual, ha decidido dar un paso más allá. No solo dio carpetazo a la querella sino que considera que existen indicios de denuncia falsa y, de oficio, pide que se tome declaración al alcalde que inicia mañana su segundo mandato en este municipio de 4.000 vecinos.
Un «proyecto criminal»
La magistrada fundamenta su decisión en un duro auto en el que recuerda que «no todo vale ni en el campo de la política ni en el campo del derecho y es precisamente de los funcionarios públicos de quienes ha de exigirse un mayor respeto en el ejercicio de acciones penales».
La jueza asegura que en la querella presentada por Rodriguez, «se pretendía tachar indiscriminadamente, no solo de ilegal, sino de penalmente relevante toda una política municipal» que se describía en la querella ahora archivada «como lineal desarrollo de un verdadero proyecto criminal perpetrado durante años al margen de todo control administrativo». El auto recuerda además que esta querella sirvió a Rodríguez como argumento para desprenderse de tres de los técnicos señalados por estar siendo investigados. Un despido que luego fue declarado improcedente.
La magistrada subraya sin embargo que las actuaciones denunciadas contaban con la previsión legal de los trámites de información pública y posibilidades de recurso; es decir, «de mecanismos hábiles para corregir eventuales desviaciones de la legalidad» frente «a lo cual se ha optó en este caso por la querella indiscriminada» pues «lo mismo da a los hoy querellantes que se sea alcalde, secretaria del Ayuntamiento, o asesor jurídico del municipio». La jueza solicita que sea el juzgado de Instrucción 3, el que recibió la denuncia el 31 de marzo de 2011, el que cite a declarar al primer edil.
