El martes el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela, que encabeza Emilio Bascuñana (Partido Popular) aprobó la licitación de uno de los contratos básicos de los próximos meses, como es el de Salvamento y Socorrismo en las Playas, sin que existiera un informe en un sentido u otro del interventor, Fernando Urruticoechea, lo cual es preceptivo pues representa la aprobación de un gasto de 420.000 euros al año. La propuesta de la Concejalía de Costas y Playas se realizó con un simple informe de existencia de crédito por parte de Intervención que se aprobó el 13 de abril, un día antes de iniciar el expediente. Es decir, se fijó antes la cuantía que el objeto del mismo.
Este no fue el único contrato que se aprobó el pasado martes sin el plácet del departamento de Intervención. La edil de Costa, Sofía Álvarez, llevaba una propuesta para la mejora de sueldo y jornada de su asesor, una cuestión que fue rechazada la semana pasada por el interventor, presente en esa junta de gobierno, alegando la falta de información suficiente que justificara este incremento del gasto. El alcalde, después de un encontronazo con el técnico, aceptó retirarlo del orden del día, acceder a su petición de mejora de la información que solicitaba y volver a presentarlo. Pues bien, también se aprobó sin contar con el plácet de Fernando Urruticoechea.
Ninguno de los dos asuntos que suponen incremento del gasto en el Ayuntamiento va a suponer, a priori, quebradero alguno para el equipo de gobierno por no llevar lo que todos pensaban que era preceptivo: un informe favorable del interventor. ¿Por qué? Porque a partir de ahora todos los informes que le soliciten y no sean contestados antes de diez días se votarán sin esperarlo, algo que respalda el secretario, Virgilio Estremera. El alcalde le ha pedido al fedatario un informe que lo ratifique en lo que, sin duda, ha visto como un filón para dar una mayor agilidad a la gestión municipal. «Diez días», una palabra que dejó caer el pasado jueves en el pleno municipal y con la que él y el resto de concejales parece que se frotan ya las manos. Por su fuera poco, en dicha sesión plenaria se aprobó otra medida que afecta a la fiscalización de Urruticoechea, quien ha perdido el control previo de los contratos menores (hasta 18.000 euros) así como otros asuntos de menor calado. Es decir, en menos de una semana el equipo de gobierno ha pasado de estar fiscalizado en una buena parte de su labor con respecto al gasto de dinero público a no tener cortapisas para la práctica totalidad de asuntos.
Un portavoz del equipo de gobierno explicó que esperan poder agilizar y mucho los contratos y pagos y evitar demoras, aunque el que se aprobó el pasado martes sobre la licitación del concurso de salvamento parece que será difícil que llegue ya a tiempo porque tiene que estar adjudicado y los trabajadores en las playas el 15 de junio y esta semana ni siquiera estaba aún colgado en el perfil del contratante.
