Las monitoras de Dinoco demandan al Ayuntamiento para ser funcionarias

Dinoco, la asociación de padres que gestiona el servicio de atención temprana, regresó ayer a la carga tras el paréntesis de las últimas semanas y con los mismos problemas que tenían: el retraso de los pagos por parte del Ayuntamiento de Orihuela (cuatro, que corresponden a dos meses) y las críticas al equipo de gobierno porque no comparte la asunción del servicio como público, de hecho las familias insisten en que el objetivo del alcalde, Emilio Bascuñana, es la privatización y así se lo ha hecho ver en las últimas reuniones, afirman.

Y, mientras el equipo de gobierno ha dejado esta cuestión en manos del Consejo Jurídico Consultivo -si puede o no ser un servicio público-, las doce trabajadoras han ido por una vía más rápida para saber cuál es su situación: se han ido en juzgado de lo Social de Elche presentando una demanda contra en el Ayuntamiento a través de la cual tendrán que resolver si forman parte, como sospechan, de una contratación encubierta desde 2001, cuando el servicio se puso en marcha dependiente de la mercantil Astrapace.

Los padres vuelven a cargar también contra la concejala Sabina Galindo por cómo está gestionando este asunto y, en especial, por la falta de información. De hecho, la junta directiva se negó a reunirse con ella «ante las malas experiencias anteriores en las reuniones con el equipo de gobierno». Los padres también se están planteando una derrama para hacer frente a las sanciones que les están imponiendo por no ingresar la cuota de las trabajadoras en la Tesorería de la Seguridad Social, lo cual sucede por ese retraso en cobrar. Anteriormente, optaron por recortar del material de los niños para hacer frente a las multas que son de 3.000 euros por la reiteración en los impagos.