La concejal portavoz de Ciudadanos en Torrevieja, Pilar Gómez Magán ha solicitado a través de una moción que el Ayuntamiento de Torrevieja inste a la Generalitat Valenciana a garantizar unas medidas concretas e inmediatas que garanticen la igualdad de derecho de acceso al sistema de Justicia de quienes deban ser parte en un proceso de familia.
En los partidos judiciales de Orihuela y Torrevieja, los dos existentes en nuestra comarca, los conflictos de carácter familiar (divorcios, custodias, alimentos, etc.) han de dirimirse ante los juzgados ordinarios de primera instancia, dado que no existen juzgados especializados de familia, para la tramitación y resolución de dichos conflictos, situación ésta largamente reclamada y que Ciudadanos Torrevieja cumpliendo con las demandas de los vecinos quiere reivindicar, porque entendemos que el interés del menor y la igualdad de acceso a una justicia rápida no puede depender de donde se viva, máxime cuando ciudades como Elche o Alicante disponen hace ya varios años de Juzgados especializados de Familia.
Además, de no contar con órganos judiciales especializados, la situación de los usuarios del sistema de Justicia que deben acudir a dirimir sus litigios familiares ante los órganos se ve agravada por el hecho de que en estos dos partidos judiciales no existen gabinetes o equipos psicosociales como el existente, por ejemplo, en el partido judicial de Alicante, dependiente de la Generalitat Valenciana, de su Consellería de Justicia, circunstancia que según manifiesta la Portavoz "se dilata y complica todavía más en nuestro municipio ante la carencia de SEAFI, (Servicio Especializado de Atención a la Familia e Infancia), desde hace más de un año".
Los gabinetes o equipos psicosociales cumplen una labor esencial a la hora de encontrar la mejor situación relacional del grupo familiar tras la separación de la pareja, y señalar las condiciones, capacidad parental y situación sobre las que el Juez ha de resolver sobre cuestiones tan trascendentales como otorgar custodias de menores a los progenitores, establecer medidas personales entre ellos, o analizar situaciones de conflicto y sus consecuencias en caso de ruptura de la convivencia familiar.
En partidos judiciales como el de Alicante el usuario puede acceder a un informe psicosocial de forma gratuita sea cual sea su renta, mientras el usuario que vive fuera de la capital debe costearse su propio informe.
Por último, Pilar Gómez manifiesta que "la administración valenciana debe dar respuesta a un problema que no puede esperar" y que podría resolverse de una forma eficaz ampliando y extendiendo la cobertura del servicio de gabinetes o equipos psicosociales en las mismas condiciones para todos los partidos judiciales, dotando a todos los juzgados, de familia o de primera instancia, de dicho servicio adscrito a los mismos.
