Torrevieja
Baraka tramita la autorización ambiental para sus dos torres de 82 metros de altura
La petición descarta que los 32.000 m2 edificables en 26 plantas en primera línea tengan impacto negativo sobre la bahía

Recreación de las torres de 82 metros cada una propuestas junto a la playa del Acequión. / Baraka
Las «Torres Sinforosa» ya son algo más que una maqueta en una feria del sector inmobiliario. Han iniciado el camino administrativo para su autorización definitiva, que además será competencia exclusiva del Ayuntamiento de Torrevieja, gracias a una modificación de la legislación urbanística valenciana que permite «simplificar el trámite»: el visto bueno a dos torres de 82 metros de altura, 32.000 metros cuadrados de edificabilidad, en primera línea. El Ayuntamiento publicó ayer la exposición pública del «documento inicial estratégico para la solicitud de evaluación ambiental y territorial estratégica por el procedimiento simplificado». Para los quien no sean abogados urbanistas: el trámite legal para salvar el impacto ambiental y obtener las licencias de construcción.
El documento dice que las dos torres, situadas entre la avenida de Gregorio Marañón y el parque de Doña Sinforosa, en la playa del Acequión contarán con 26 alturas. 82 metros de altura, 760 de parcela en la base y 16.249 metros cuadrados construidos por cada rascacielos. El 50% de la suma total deberá dedicarse a uso hotelero de tres estrellas o superior. La promotora Baraka ya anticipa que no ve ningún tipo de problema ambiental, ni de afección patrimonial en las edificaciones a construir.
Considera que no afecta al canal del Acequión, la única construcción de Torrevieja que cuenta con más de cinco siglos de historia -algo que no aparece indicado por ninguna parte a lo largo de su trazado-. La parcela está afectada en 1.700 metros cuadrados por la servidumbre de ese canal, al que afectan competencias de Costas, Patrimonio del Estado, Generalitat y la propia salinera. No se hace mención en el documento al impacto paisajístico de las torres en la bahía.
Puntual
El documento, redactado por el despachode abogados Sánchez Butrón y el arquitecto Jesús Madrid Quesada, y que se puede consultar en la web municipal, liquida el impacto ambiental asegurando que ya se valoró hace una década cuando Generalitat y Ayuntamiento avalaron la modificación puntual número 52 del Plan General, ordenando volúmenes y usos de la parcela, y que permite el crecimiento en altura en determinadas parcelas de la ciudad, a cambio de un mínimo de uso hotelero. La empresa publicita las torres desde hace meses, como avanzó esta edición, y asegura que tiene previsto invertir 100 millones de euros.

Baraka tramita la autorización ambiental para sus dos torres de 82 metros de altura
se sitúa por delante del otro gran promotor que quiere levantar otras dos torres a la orilla de la bahía de Torrevieja, Metrovacesa, junto en la parcela anexa del campico San Mamés. La empresa del oriolano Trinitario Casanovas, se ha acogido a una modificación de la legislación a por la que se «simplifica» la evaluación ambiental en estudios detalles, con lo que evita la supervisión de la Generalitat. La decisión estará en manos exclusivamente del municipio. El Ayuntamiento había dado a entender que el proyecto que estaba más avanzado era de Metrovacesa; que comenzó mucho antes el trámite, además supeditado al control del Consell, pero que va a ver expuesto su proyecto a consulta después.
La publicación en la web municipal ha sido una sorpresa hasta para los propios componentes del equipo de gobierno. La edil de Urbanismo, Fanny Serrano, había asegurado públicamente que tenía constancia del proyecto de Metrovacesa, pero que en el caso de Baraka solo había recibido una solicitud de derribo de los edificios que había en la parcela, que fue autorizada. El documento, de la empresa tiene fecha de julio de 2016.
El equipo de gobierno de izquierdas, no está a favor, desde el punto de vista político, de estos rascacielos, pero admite que existe una obligación de tramitarlos. Amparados en modificaciones PGOU aprobadas en mandatos del PP. La reclamación patrimonial de las firmas, en caso de no hacerlo, sería multimillonaria.
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