El Obispado hizo llegar ayer un comunicado del párroco de San Martín Obispo, Juan Bautista Samper Sellés, en el que reitera que la Iglesia «es titular de la propiedad de la Plaza de la Iglesia y del Monumento de la Cruz de los Caídos. En él asegura que «la actuación municipal se ha llevado a cabo obviando el derecho de propiedad privada, de tal forma que sin haberse delimitado por los tribunales el dominio público al que afectaba la actuación, y sin haber convenido con la parroquia la afectación del inmueble (...) generando un manifiesto daño en sus derechos y en los de aquellos feligreses que han defendido el patrimonio de la Iglesia».
La nota recuerda que el Ayuntamiento es conocedor y parte en los procedimientos que aún están pendientes de resolución. «Con su actuación consideramos que ha ejecutado un acto que está siendo objeto de discusión ante los tribunales y en los que, precisamente se está discutiendo la titularidad del bien, de modo, que la competencia para apreciar su procedencia y la ponderación de los intereses en conflicto, se desplaza al juzgado que está tratando el asunto y no al Ayuntamiento que, de un modo unilateral, ha decidido obrar sin esperar al pronunciamiento judicial movido por presiones e intereses políticos». También se afirma que «esta actuación no ha sido objeto de comunicación formal previa en el que se hiciese constar de manera específica el día y hora de la intervención, los medios materiales que se iban a utilizar, el personal asignado y, en definitiva, datos precisos que permitiesen a la misma tomar las oportunas medidas para ejercer sus derechos». Añade que «tampoco el Ayuntamiento ha notificado el destino de la Cruz y el lugar donde se depositará, por lo que continuará la labor de defensa de sus derechos patrimoniales hasta las últimas instancias». El párroco asegura que «tanto la parroquia como el Obispado han articulado todos los medios legamente procedentes en amparo de su derecho de propiedad y la de sus feligreses, estando pendiente aún de pronunciamiento los tribunales de la jurisdicción ordinaria que determinen la propiedad y el alcance de los derechos sobre la Cruz y la Plaza de la Iglesia».
