La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, anunció ayer a los alcaldes de la Vega Baja con los que se reunió en Valencia, que la Generalitat va a elaborar un Plan de Acción Territorial, PAT, de la comarca con el objetivo de «mejorar la toma de decisiones territoriales y garantizar la sostenibilidad de su crecimiento en los próximos años».
Un plan contra el que ya se pronunciaron los principales constructores y abogados urbanistas de la Vega Baja contra el que ya se pronunciaron los principales constructores y abogados urbanistas de la Vega Bajaahora hace un año, cuando fue anunciado en unas jornadas de Urbanismo por los técnicos de la Generalitat.
Además, la consellera informó que «en los próximos meses se va a licitar la redacción del Plan de Movilidad Sostenible de la Vega Baja. Su ámbito será similar al del Plan de Acción Territorial y su contenido y enfoque estarán plenamente coordinados entre sí». A la reunión con la consellera, a la que también acudieron los directores general de Ordenación del Territorio, Lluis Ferrando, y de Obras Públicas, Carlos Domingo, fueron convocados los alcaldes de OrihuelaOrihuela, Redován, Almoradí, Torrevieja, Rafal, Guardamar del Segura, Rojales, Callosa de Segura y Pilar de la Horadada.
Salvador explicó que el PAT de la Vega Baja servirá para realizar un «diagnóstico de los grandes potenciales del área funcional, con especial hincapié en las experiencias de planificación del pasado, la evolución de la población y sus perspectivas futuras, la actividad económica y sus demandas de suelo, los principales elementos de la infraestructura verde y los problemas de la movilidad y conectividad en la comarca». También se pretende definir, ordenar y gestionar la infraestructura verde de la Vega Baja, que cuenta con espacios agrícolas de elevado interés y con presencia de elementos del patrimonio cultural hidráulico excepcionales. Es decir, señalar y consolidar los suelos no urbanizables. «Todo ello vertebrado por el río Segura». También hizo referencia a la proposición no de ley aprobada recientemente por les Corts para proteger la Huerta del Segura de forma similar a la Huerta de Valencia en forma de PAT .
El Consell no da plazos de elaboración -podría licitarse antes de final de año y tiene que poner en común la opinión de 27 municipios-. Sí aporta otros detalles más teóricos: el PAT será un instrumento que también servirá para analizar la estructura poblacional y de asentamientos urbanos de la Vega Baja, con el fin de intentar solucionar el problema de las futuras demandas de suelo dentro del marco de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, adecuándola a la realidad territorial de la comarca como están demandando muchos ayuntamientos. De la misma forma, puntualizó Salvador, el PAT de la Vega Baja dará respuesta también «a las necesidades de suelo para actividades económicas, especialmente las logísticas y las industriales ligadas al cluster agroalimentario para el que la comarca cuenta con grandes potencialidades y procurará un marco de entendimiento y cooperación supramunicipal entre todos los actores públicos y privados de la comarca de la Vega Baja».
Plan de movilidad
Igualmente, analizará la movilidad supramunicipal en la comarca, sus conexiones con Elche, Alicante, València y el resto de la Comunitat y orientará la movilidad hacia pautas de mayor sostenibilidad y eficiencia.
El Plan de Acción Territorial será un instrumento de ordenación supramunicipal. Es decir, sus directrices serían vinculantes sobre los planes generales municipales, algo que asusta a los ayuntamientos dependientes del «monocultivo» de la vivienda residencial,que en los últimos años han visto cómo la Generalitat rechazaba cualquier intento de liberar suelo. Algo limitado desde 2011 por la regulación de la Estrategia Territorial de la Comunidad, y deja al mínimo cualquier iniciativa de reclasificación basándose en las grandes bolsas de suelo desarrolladas durante treinta años.
Mientras que el plan de movilidad contempla una potente campaña de encuestas de movilidad, un plazo de ejecución de 20 meses y un presupuesto aproximado de 500.000 euros, el plan territorial no contempla todavía esos detalles.
