El arquitecto municipal de Albatera ha cifrado en 2.837.910,81 euros la cantidad que el Ayuntamiento tendría que abonar como compensación a la mercantil San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos SA. La empresa ejecutó diversas obras como adelanto de lo que pagaría al consistorio por permitirle construir un macroproyecto de 1.500 casas, un campo de golf y dos hoteles, parte de ello sobre suelo público. Pero ese plan nunca salió adelante porque la Generalitat impidió la recalificación de los terrenos, ubicados en plena sierra y protegidos. Ahora la mercantil exige que se le devuelva lo que invirtió. El gobierno que preside Ana Serna (Partido Popular) pretendía llevar a pleno una propuesta para reconocer la deuda y satisfacer el pago. A cambio, la empresa retiraría el procedimiento judicial por el que reclama 3.578.730 euros. Sin embargo, los grupos de la oposición están dispuestos a pararle los pies al PP, pues no tienen el asunto nada claro.

La firma que iba a ejecutar el proyecto ya no existe como tal porque entró en quiebra. Son los administradores concursales que se encargan de disolver la sociedad los que vienen reclamando ese dinero al consistorio por haber realizado obras como el edificio 3 de abril, la plaza de San Jaime, el auditorio del Parque de la Huerta y la reforma del campo de fútbol. Los encargados de disolver lo que queda de la empresa han aceptado que se les abone lo que ha calculado el arquitecto, que es menos de lo que ellos pedían y, a cambio, retirarán el proceso judicial. Sin embargo, ese acuerdo necesita ser respaldado por el pleno y el PP no lo puede hacer solo, porque gobierna en minoría. Necesita votos de la oposición y parece que hoy por hoy no los tiene.

A todo este respecto, hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Quién fue el responsable de que el proyecto no se ejecutara? Por una parte, la administración local se comprometió a ceder una parcela pública y a reclasificar todos los terrenos previstos para poder desarrollar la macrourbanización, pero la Generalitat nunca dio el visto bueno. Ante esa situación, la empresa, o lo que queda de ella, considera que el consistorio incumplió el trato. Sin embargo, otras voces apuntan a que la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana sigue en marcha y, por lo tanto, el proyecto todavía es factible. Claro que el problema que surge entonces es que la empresa como tal quebró y, por lo tanto, no estaría en disposición de seguir adelante con el proyecto y cumplir con el consistorio. Eso es lo que defendió el tripartito durante la primera parte de la legislatura, pero ahora que gobierna el PP, se inclina por pagar a la empresa y zanjar este asunto.

La regidora de Albatera defiende que «las obras están hechas y nos guste más o menos hay que pagarlas». En ese sentido cree, con base en informes jurídicos, que seguir con el proceso judicial sería más temerario porque el Ayuntamiento se arriesga a pagar una cantidad mayor y con intereses. «A nadie le da gusto saber que hay que pagar más de 2,8 millones de euros, pero esa es la realidad», defendió Serna. La regidora aseguró que ahora se está intentando negociar una rebaja para pagar algo menos, aunque en todo caso será ínfima en comparación con el total. No obstante, su gestión quedará supeditada a lo que diga la oposición.