La permuta de los terrenos de Cala Mosca que firmó la propietaria de los mismos - las mercantiles Playa Salvaje y Bahía Dorada, pertenecientes al Grupo Gomendio- con el Ayuntamiento de Orihuela en 2003 vuelve a ponerse en duda. Los terrenos más jugosos que quedan en Orihuela Costa, sus últimos kilómetros frente al mar sin construir, no se adquirieron con todas las garantías y formalidades. Ayer, 15 años después de que se firmara la permuta, se desveló que tanto el Ayuntamiento como el constructor se saltaron el preceptivo informe de la Conselleria de Educación que debía informar favorable o desfavorablemente a la desafectación solicitada por el constructor, con el visto bueno del Ayuntamiento, para convertir las parcelas que iban a destinarse a uso escolar (que el promotor cedió al Ayuntamiento para uso público, como marca la ley) en uso residencial, a cambio de que el propietario cediera unos terrenos en otra zona y construyera un centro cultural, algo que finalmente se hizo.

Sin embargo, ese informo preceptivo llegó, pero fue negativo. La Conselleria lo emitió el 3 de abril de 2003, dos meses después de que el Consistorio, entonces gobernado por el popular José Manuel Medina, firmara la permuta con el promotor (el 20 de febrero de 2003), por lo que no solo la administración y el constructor se saltaron ese trámite, sino que una vez que tenían en sus manos el informe desfavorable a ese plan parcial, hicieron caso omiso del mismo, ya que debería haberse anulado esa permuta.

Ha sido Cambiemos Orihuela quien ha conseguido el documento que podría dar al traste con el proyecto que pretende levantar 1.500 viviendas en el último rincón virgen de la costa oriolana, y que se encuentra actualmente parado tras años de recursos, investigaciones judiciales y denuncias que han llegado hasta la Unión Europea.

Informe

Tras solicitar una copia de dicho informe a la Generalitat, que no aparece por ningún lado en el Ayuntamiento, y gracias a la mediación del diputado autonómico de Podemos, Antonio Estañ, la Conselleria de Educación ha facilitado este documento, del que no se tenía constancia, y que deja claro que no estaba justificado el presunto exceso de suelo educativo en Orihuela Costa que el promotor y el Ayuntamiento alegaron para solicitar a la Conselleria de Educación que los terrenos de Cala Mosca calificados como dotacionales educativos en el plan original de 1998, pasaran a ser residenciales a cambio de que el constructor cediera una parcela y construyera allí el Centro Cívico de Alameda del Mar. Dichos terrenos, según señala el informe, deberían haber quedado como tal para construirse un colegio que consideraba entonces necesario la Conselleria, también por la previsión de incremento de la población que, obviamente, iba a tener la zona cuando esas viviendas estuvieran construidas.

A pesar del informe en contra, las parcelas educativas frente al mar, pasaron a ser residenciales y el municipio se conformó con cambiar las mismas por un centro cultural al otro lado de la N-332. El edil de Cambiemos, Javier Gracia, recordó ayer que la Fiscalía Anticorrupción señaló hace 2 meses que había «apariencia delictiva» en esa permuta por la escasa cuantía que el promotor pagó al Consistorio ya que los terrenos permutados, que no estén en primera línea de mar, tienen menos valor que los de Cala Mosca, aunque en ese caso el presunto delito ha prescrito, como indicó también el fiscal a Cambiemos. «El escrito que tenemos ahora ahonda en las irregularidades que hubo y éste sí que podría paralizarlo todo», dijo Gracia. Por su parte, el Secretario de Organización de Cambiemos, David Vegara, avisó que «podría anularse la permuta y obligar al promotor a hacer un nuevo proyecto, respetando ese suelo para uso educativo» y pidió al actual gobierno municipal «que tome cartas en el asunto y revise el expediente». Su partido estudia acudir a la vía judicial.