El Partido Demócrata de Rojales (Pader) cree que la plaza de secretario del Ayuntamiento se está ocupando de manera ilegal debido a que el puesto lo desempeña un trabajador interino. Argumenta que la entrada en vigor del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo de 2018 exige que en la Secretaría de cualquier consistorio de más de 5.000 habitantes debe de estar al frente un habilitado nacional o, en su defecto, un funcionario de carrera. Por ese motivo ha pedido que se deje sin efecto el nombramiento y se estudie si todos los acuerdos refrendados por éste desde que entró en vigor la normativa carecen de validez. Sin embargo el alcalde, Antonio Pérez (PSOE), aseguró ayer que los interinos que ya ocupaban esos puestos antes de la nueva normativa puede seguir al frente de sus funciones.

Según el portavoz del Pader, Desiderio Aráez, las posibles irregularidades no acaban ahí. La Secretaría del consistorio la dirige el técnico de administración general y «ha quedado constatado que dicho nombramiento, que se realizó el 20 de octubre de 2017, no fue comunicado a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana», tal y como marca la ley, para que ésta emitiera la correspondiente autorización previa a dicho nombramiento. La legislación prevé que es la administración autonómica la que tiene que comprobar que no existe posibilidad de poner al frente a un habilitado nacional antes de que se pueda nombrar a uno accidental.

Aráez asegura que de ese nombramiento solo se dio cuenta al pleno, pero nunca se informó a la Generalitat. Sin embargo, ese trámite sí se realizó meses antes, cuando el mismo trabajador asumió el puesto de interventor.

El regidor socialista aseguró que la plaza de secretario está ocupada de forma legal y así se lo ha confirmado la propia Generalitat. Acusó al Pader de hacer público ese hecho sin ni siquiera esperar a conocer el dictamen de la administración autonómica y dijo que «ha pasado de querer desestabilizar al gobierno a acosar a los funcionarios».