El alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo (PSOE), justificó ayer que ordenó retirar del registro de entrada del Ayuntamiento tres informes con reparos al pago de sus dietas porque dichos gastos habían sido acreditados debidamente ante el interventor. Según el socialista, mantuvo una reunión con el fedatario, le ofreció sus explicaciones y la discrepancia quedó solventada. «Me dijo que estaba todo aclarado». Tras ello, rubricó un decreto ordenando suprimir dichos documentos del registro. Aseguró que lo firmó a propuesta del propio funcionario y porque «se fiaba de él», aunque admitió que se lo leyó solo «por encima». Lo que no se esperaba era que el Partido Popular (PP), en la oposición, lo denunciara después por esos hechos que le han llevado ante el juez.
Luis Vicente Mateo se enfrentó ayer a uno de los días más duros desde que asumió la Alcaldía, hace 19 años. El socialista se sentó en el banquillo de los acusados del Penal 1 de Orihuela para ser juzgado por un presunto delito de prevaricación administrativa. Se enfrenta a una pena de 9 años de inhabilitación para cargo público a petición de la Fiscalía Anticorrupción, mientras que el PP, que ejerce la acusación popular, eleva la petición de condena a 10 años. Los hechos que han quedado vistos para sentencia se remontan a octubre de 2014, cuando el interventor puso reparos al pago de 962,09 euros, 472 euros y 820 euros de unas dietas por kilometraje y representación. El funcionario le exigió que sometiera esos reparos ante el Pleno, pero eso nunca se hizo. El regidor firmó el polémico decreto para retirar los documentos del registro y la oposición nunca tuvo acceso a ellos. Y fue ese hecho, la retirada de los informes, lo que se juzgó ayer para dilucidar si fue una decisión arbitraria, tal y como aclaró el magistrado, Miguel Rivera.
A preguntas del fiscal, Luis Vicente Mateo defendió que los reparos al pago de dietas se pusieron porque el funcionario consideró, primero, que debía de justificarlos con más precisión, y también cambiar el procedimiento que se había venido cursando en los últimos años para imputar el gasto a una cuenta distinta a la habitual.
«Todo aclarado»
«Hablé con él y justifiqué todos los gastos. A mi me dijo que estaba todo aclarado... Me dio ese papel firmado (el decreto) justificando la retirada (de los documentos) porque se iba a pedir asesoramiento» externo a un despacho jurídico. «Después lo consulté con él y me dijo que ya no hacía falta». Según el regidor, todo este asunto quedó clarificado y «no se llegó a dar cuenta (al Pleno) porque el secretario me dijo que ya no hacía falta». «Firmé el decreto porque me fiaba del secretario», insistió al regidor a preguntas de su abogado. En su alegato final trasladó al juez que él «siempre hizo lo que le dijo el secretario y lo juro por mis hijos».
El secretario titular del Ayuntamiento, Joaquín Botella, declaró en la sesión como testigo y desmintió la versión del alcalde. Dijo que los reparos los puso por detectar irregularidades y que advirtió al regidor de ello pero éste «se negó a acusar recibo de los mismos», tras lo cual decidió presentarlos por registro para que quedara constancia. Declaró que el decreto ordenando retirar la documentación no lo tramitó él, sino Luis García Vicente, que es primo del regidor y asume el puesto de secretario accidental cuando el titular de la plaza no trabaja. A su juicio, el regidor impulsó ese decreto para «no dejar constancia de la entrega de la documentación» y consideró que si el gasto en dietas debía de cargarse a una cuenta distinta de la contabilidad era el Pleno el que debía de aprobarlo. El siguiente en comparecer, también como testigo, fue el denunciante, el portavoz del PP en Benferri, Bernardo Mira, quien se quejó de que la maniobra del alcalde al retirar los papeles del registro impidió a la oposición fiscalizar esos reparos. Eso fue lo que motivó la denuncia.
Testigos
En la vista oral participaron tres testigos más, funcionarios del Ayuntamiento. Todos ellos respaldaron en diferente medida la versión del primer edil hasta el punto que un administrativo manifestó que fue Joaquín Botella el que registró los reparos y, tras ello, se reunió con el alcalde para solucionar ese asunto. Después, según dijo, le pidió a él que retirara los informes del registro de entrada porque estaba todo solucionado. «Se los entregué en mano, se los quedó y me dijo que iba a hacer el decreto para zanjar el asunto».
Otro de los testigos fue el primo del alcalde, que aseguró que él no redactó el polémico decreto aunque reconoció que se tramitó desde su ordenador y con sus claves sin saber cómo. Señaló que es habitual que el alcalde no asuma directamente ese trámite electrónico porque no sabe utilizar el ordenador.
Tras la ronda de declaraciones, el fiscal, Pablo Romero, mantuvo su acusación y dijo que le parecía «inverosímil» que el secretario «tendiera una trampa» al regidor. Destacó que es incongruente que el funcionario pusiera reparos y ordenara abordarlos en Pleno y, a la vez, solicitara retirar esos informes del registro. Defendió que el famoso decreto lo había hecho el primo del alcalde puesto que todo el proceso se tramitó desde su ordenador. «Es un claro y manifiesto acto de prevaricación y los informes de reparo eran claros respecto a la competencia de quién los debía resolver, que era el Pleno» y no el regidor. También pidió que si se le condena, la sentencia incluya la orden de que se dé cuenta al Pleno para que el alcalde quede automáticamente inhabilitado en aplicación del artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, aunque se presente recurso.
La defensa, por su parte, pidió la absolución. El abogado, Isidro Hernández, insistió en que el Pleno sólo tiene que intervenir cuando se quieren aprobar unos gastos que carecen de consignación presupuestaria pero éste no era el caso, ya que se tenían que cargar a una cuenta que no estaba todavía creada. Dijo que no se ha transgredido la legalidad ni perjudicado a los ciudadanos y por ello el alcalde no debería ser condenado.
