La Generalitat solo ha aportado un documento con 30 folios al procedimiento de exposición pública de la revisión de la Cañada Real de la Costa, que pretende estrechar el camino de uso público de sus 75 metros originales a 10, cuando el expediente con el que los técnicos argumentan esta medida cuenta con más de 500. Además no hay ni rastro del documento por el que se realizó la misma revisión de la Cañada Real en Guardamar, que es la que se remiten los funcionarios a la hora de justificar este proceso de «jibarización» de la vía pecuaria en las zonas donde todavía no se ha interrumpido por el proceso de urbanización, en suelo rústico. Una vía pecuaria que está recogida y protegida por la legislación estatal desde mediados de los setenta. Además, la Generalitat ha decidido exponer al público el resultado de su revisión sin responder a las alegaciones realizadas por Salvemos Lo Ferrís ni IU -único grupo de los siete que componen la Corporación Municipal que ha presentado alegaciones a la revisión, aunque el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) si dejó constancia con su firma su postura contraria a las conclusiones de la revisión en el acto en el que se explicó en el Ayuntamiento el 8 de marzo.

El concejal de IU, Víctor Ferrández, ha presentado alegaciones señalando cada una de estas circunstancias para asegurar que son motivo de anulación de la revisión. En la misma documentación ha podido demostrar a través de los vuelos aéreos militares de la década de los 20 y 50 sobre la costa que el trazado de la vía pecuaria discurría detrás de los restos del sistema dunar que todavía se conserva en la cala. Es decir, dentro de los terrenos que ahora han quedado bloqueados al paso peatonal por parte de los propietarios de una parte del palmeral.

La revisión de la vía tiene como origen la construcción de ese vallado, que obtuvo un primer visto bueno por el Ayuntamiento en 2014 y una autorización de ampliación en el actual mandato. Salvemos Lo Ferrís e Izquierda Unida alertaron al municipio y la Generalitat de que el muro supuestamente ocupaba parte de la vía pecuaria. La mayor parte de caminos ganaderos protegidos en el ámbito estatal y autonómico no están deslindados.

La administración tiene documentado un trazado aproximado por coordenadas, pero no el itinerario concreto. La edil de Urbanismo, Fanny Serrano (PSOE) ordenó entonces el inicio de un procedimiento de revocación de la licencia a expensas de conocer si realmente el muro opaco de un metro de altura, más la valla, han ocupado suelo de servidumbre de la Cañada Real. Pero la Generalitat en vez de llevar a cabo un deslinde abordó la revisión, algo que otros muchos procedimientos similares ha inclinado la balanza a favor de los intereses particulares y que solo se puede abordar en caso de acreditarse un «error» en el trazado de la vía pecuaria, que en este caso no se hace constar. Ese trabajo de revisión de la Generalitat ha desvelado que en buena parte de su trazado urbano la Cañada Real está interrumpida por urbanizaciones construidas sin que los técnicos municipales y autonómicos advirtieran durante 40 años de la posible afección a la vía pecuaria.

Izquierda Unida va a mantener hasta el final su reivindicación de la conservación de este camino, no solo por su tradición secular de uso ganadero -algo que ocurría con frecuencia hasta los años 70 e incluso ahora de forma muy puntual-. También desde el punto de vista patrimonial. En especial en los tramos en los que se afecta suelo rústico protegido. Y no descarta emprender medidas judiciales en ese sentido.