El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), ha anunciado hoy que ha trasladado a la Fiscalía un informe de la interventora municipal en la que se describen supuestas irregularidades en en la ejecución de la celebración de la Feria de Sevillanas. Unas fiestas organizadas todos los años por el Ayuntamiento. En las de la pasada edición de mayo la Intervención ve una «explotación económica del dominio público (para la reserva de suelo a caseteros) prescindiendo de cualquier procedimiento administrativo». En concreto, la petición de 200 euros por parte de responsables la Casa de Andalucía "Rafael Alberti" de 200 euros por casetero, que se han devuelto, según la resposable de la entidad, una vez se dio a conocer públicamente los informes de los técnicos que cuestionaban esa práctica.

El primer edil ha explicado que dos técnicos municipales informaron sobre estas anomalías y que la habilitada nacional conformó un expediente con esa documentación y lo puso en conocimiento de la Alcaldía el pasado 28 de junio para que "tomara los efectos oportunos". Dolón, que no ha aportado muchos detalles sobre la documentación registrada en los juzgados el 10 de julio, ha dicho que entendía que esos "efectos oportunos" se referían a ponerlo a disposición del Ministerio Público.

El primer edil ha sugerido que no le ve recorrido judicial a esas irregularidades. En concreto, los técnicos detectaron que al menos una responsable de la Casa de Andalucía "Rafael Alberti", había cobrado a varios caseteros locales 200 euros en concepto de la reserva y uso del suelo. Algo que no aparece en los pliegos de condiciones de la organización y que estuvo al margen de la supervisión municipal del contrato adjudicado a una empresa para organizar los actos. Por ese suelo del recinto ferial en el "relleno" del puerto de Torrevieja el Ayuntamiento ya aporta un canon anual a la Generalitat, que es la que tiene competencias en la dársena portuaria como dominio público. Es decir, la Casa de Andalucía reclamó por un concepto por el que el municipio ya abona una cantidad.colaboradora del Ayuntamiento y la empresa adjudicataria de la organización de la Feria-

"Estamos a la espera de que nos comuniquen si hay alguna reacción, o consideran que los hechos revisten alguna gravedad o característica como delito penal. Lo anunciamos porque las noticias vuelan y casi se saben antes que los procedimientos formales ", ha dicho el alcalde.

No estaba en el pliego

La dirección de la asociación, que se ha encargado -primero como organizadora y después como colaboradora, de realizar la Feria desde 2016- explicó que ese dinero se devolvió una vez se hicieron públicas las supuestas irregularidades. También indicó que no se cobró por el uso del suelo o su reserva, sino para dotar a buena parte de las casetas de servicios que el Ayuntamiento no había contemplado en el pliego de la adjudicación, realizado por una productora de espectáculos, proveedora muy habitual del municipio desde hace décadas por 113.000 euros. Entre otros servicios un guardia jurado para los días previos a la feria o grupos electrógenos. La Casa de Andalucía Rafael Alberti figuraba como colaboradora del Ayuntamiento y la empresa adjudicataria de la organización de la Feria. Aunque el municipio y la empresa negaron esa colaboración una vez que se hicieron públicas las supuestas irregularidades. El nombre la asociación aparecía en los carteles que anunciaban el evento.

El primer edil no ha citado a la Casa de Andalucía "Rafael Alberti" como responsable de esos cobros. Sí ha recordado de forma genérica que "antes" quien se encargada de organizar el evento -otra asociación andaluza de Amigos de la Feria- cobraba hasta mil euros por la reserva y suelo de las casetas locales. Supuesta irregularidad que en su día no detectaron los técnicos, que en el caso de mayo pasado si contaron con pruebas, entre ellas facturas del cobro.

En el pliego de condiciones no aparece cómo se gestiona esa reserva. La polémica sobre la organización también desveló que la Casa de Andalucía había garantizado a una empresa la exclusividad de la distribución de cerveza en buena parte de las casetas.

Este diario ha preguntado al alcalde por su valoración de los hechos que se han trasladado al juzgado: "Son los que se publicaron en INFORMACIÓN. Que les han cobrado a unos señores un dinero, doscientos euros, que en teoría lo cobra una gente que no tiene que ver con el contrato".

La interventora es "la que supervisa el contrato y remite el expediente. Podíamos haberlo dejado en un cajón. Pero no tenemos nada que esconder y entiendo que no va a pasar nada significativo (en los juzgados). No tengo ningún inconveniente ni con esto ni con otras muchas cuestiones", ha subrayado Dolón.