La solicitud para autorizar la mina de yesos está redactada con copias de otros proyectos

Como si fuera Almería. La empresa que ha pedido realizar un estudio geológico para la posterior explotación de una mina de yesos a cielo abierto ha incorporado en el expediente «la descripción del entorno» de las poblaciones almerienses de Lucainena de las Torres y Sorbas en vez de la que corresponde a San Miguel de Salinas. Según figura en las alegaciones presentadas al proyecto por la Asociación de Vecinos de San Miguel, Asociación de Amigos de Sierra Escalona y Ecologistas en Acción «la descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las actividades mineras» y el plan de restauración «corresponde a esas localidades almerienses». Y es una aportación intencionada para no realizar el estudio propio dado que, según las mismas fuentes, en algunos párrafos se ha sustituído los nombres de Lucainena y Sorbas por el de San Miguel de Salinas... pero en otros no.

«En la página 23 del documento del plan de restauración el autor se olvidó de borrar las huellas», lo que que confirma este el trabajo de «copiapega». Además del «cambio de nombres», añade la alegación, «se ha vaciado la información socioeconómica de estos pueblos almerienses y sustituido por gráficas y tablas estadísticas de San Miguel de Salinas y Orihuela. «Una prueba más del corta y pega utilizado» es que las páginas de esas cifras están sin enumerar, «algo que pone entredicho la validez y la existencia real de los estudios ambientales presentados» y que sustentan el proyecto de investigación.

San Miguel de Salinas se echa a la calle en contra del proyecto de la mina de yesos

Para la misma fuente «estos estudios son un pastiche de un estudio de referencia, que promovió la empresa» para las localidades almerienses «trufado de referencias de datos generalistas y estadísticas recogidas de internet».

La Coordinadora creada hace solo unas semanas para parar este proyecto indicó ayer es que «es muy lamentable que ni la administración autonómica, que tramita este expediente desde 2016 -aunque el municipio afectado solo se ha enterado tras el anuncio de información pública avanzado por este diario-; ni el Ayuntamiento en sus alegaciones se hayan percatado de esa irregularidad. No se lo han leído y eso es muy grave», indicaron las mismas fuentes.

Las alegaciones van mucho más allá de este autoplagio de la empresa. Indican que de las 1.450 hectáreas a sondear en el estudio, 1.065 están en el ámbito de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de «reconocido y acreditado valor ecológico», junto a Sierra Escalona. Tras la presentación del expediente en 2016 debió emitirse una valoración preliminar «preceptiva y vinculante» de afecciones a la ZEPA, que está integrada y que no «se tiene la certeza» de que se realizara en su día.

En el mismo escrito de alegaciones el doctor en Ecología de la Universidad Miguel Hernández, Francisco Botella, asegura que la solicitud y posible concesión del permiso de investigación «es un auténtico despropósito administrativo» desde el momento en que gran parte de la superficie prevista para el estudio «está incluida en zona de especial protección» y afecta a la futura ordenación del Parque Natural de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor, en trámite de declaración». El mismo experto advierte que la petición de investigación no hace referencia a los impactos de la explotación, cuando este último es el fin perseguido por el promotor (Grupo Torralba). «Ninguna empresa gastaría 400.000 euros en prospecciones geológicas si no esperara un retorno económico», advierte la misma fuente. «Resulta imposible deslindar la concesión del permiso a la verdadera intención del solicitante», recuerda Botella, que subraya: «El problema principal que presenta la concesión del permiso es que en la Ley de Minas (...) queda vinculada al derecho de aprovechamiento», y si es rentable, «la consideración automática de utilidad pública del suelo, incluyendo la expropiación de terrenos».

Protesta

Mañana está prevista una manifestación de rechazo al proyecto que cuenta con el respaldo de la Asociación de Vecinos, los colectivos ecologistas, muchos vecinos de las urbanizaciones y la agrupación de Cs de San Miguel, sin representación en el pleno y muy activa en las últimas semanas. La Corporación votó el miércoles por unanimidad (PP, PSOE, UPyD e IU) las alegaciones en contra del proyecto. El gobierno del PP cree «prematura» la protesta.

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