El Departamento de Salud de Torrevieja es uno de los más eficientes de la Comunidad Valenciana, según la primera auditoría sobre el funcionamiento del área sanitaria realizada por la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat. La asistencia sanitaria integral a la población del departamento supone un ahorro de gasto corriente público de en torno a 45 millones de euros por año. Lo que supone un 30% de ahorro sobre el gasto medio de los departamentos de similares características en la Comunidad.

El documento destaca además que esa eficiencia económica va de la mano de la consecución de los objetivos sanitarios establecidos en los acuerdos de gestión, a un nivel del 10% mayor que la media del resto de departamentos de salud de la Comunidad. Como ejemplo se menciona el menor tiempo que deben esperar los pacientes con solicitud de lista de espera quirúrgica: 38 días en el Departamento de Salud de Torrevieja frente a la media autonómica de 115 días.

La concesionaria Ribera Salud construyó y puso en funcionamiento el Hospital de Torrevieja en 2006 y gestiona a su vez los centros de atención primaria de los municipios de primera y segunda línea de costa de la Vega Baja -157.000 usuarios potenciales con tarjeta SIP-, mediante un modelo de gestión público-privado, cuestionado por el actual gobierno de la Generalitat.

Esta auditoría, primera que se realiza sobre el funcionamiento de la concesión pese a que el contrato estipulaba una anual por parte de la Conselleria de Sanidad, fue incluida en el programa de actuaciones anuales de la Sindicatura en el momento en el que la exconsellera y exministra Carmen Montón apostó por una vuelta al sistema de gestión directa del Hospital de Alzira -también gestionado por Ribera Salud- cuando concluía su contrato. La concesión de Torrevieja Salud vence en noviembre de 2021,con opción a prórroga. Los funcionarios de este organismo de fiscalización han desvelado en los últimos meses la contabilidad y funcionamiento de la adjudicataria durante el periodo 2003-2016.

La auditoría asegura que el gasto anual por cada uno de los usuarios potenciales del departamento es de 675 euros, 289 menos que la media del sistema sanitario de la Comunidad (964 euros). También el coste laboral por hora de personal contratado es inferior al del personal estatutario -un 11% menor-, debido a una plantilla, en torno a 1.100 trabajadores, de menor antigüedad, una estructura retributiva distinta y a un menor índice de absentismo del personal. Mientras la mayor parte del personal facultativo asume más tarjetas sanitarias que la media del resto de departamentos: 1.473, lo que supone 52 más que la media de departamentos sanitarios valencianos. Un ejemplo: 70 médicos tienen asignadas más de 1.500 tarjetas, algo que supera el cupo recomendado por las sociedades científicas. En el apartado sobre eficiencia la Sindicatura valora los indicadores de estado de salud que señalan que la esperanza de vida al nacer en el Departamento de Torrevieja es de 82,8 años, ligeramente superior a la media.

Sistema de control ineficaz

El sistema de control de la gestión realizada a Ribera Salud, impulsada por el gobierno autonómico de principios de la década pasada, «ha resultado ineficaz», subraya la auditoría. No ha habido una revisión formal y consensuada entre la concesionaria y la administración de la rentabilidad del proyecto que «permita concluir sobre la suficiencia de las inversiones». La concesionaria ha invertido en este capítulo 104 millones de euros hasta 2016, un 129% del importe comprometido en su oferta económica. Tampoco ha sido eficaz la comisión mixta de seguimiento de la concesión, órgano colegiado para el seguimiento del contrato al que los pliegos concede competencias de control sobre las obligaciones impuestas a Ribera Salud. Tanto por el escaso número de reuniones celebradas -una cada diez meses, catorce en diez años- como por haber cumplido «solo con uno de los trece cometidos contractuales encomendados», y cuando lo ha hecho casi siempre ha sido para resolver cuestiones de facturación entre la Conselleria y el concesionario, según subraya la auditoría. En la última reunión de la que consta acta, del 17 de julio de 2017, los representantes del concesionario abandonaron la sesión sin tratar los asuntos previstos por no incluir en el orden del día las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2013 a 2016. Otros ejemplos del mal funcionamiento de los sistemas de control: las actas de 2016 y 2017 no están aprobadas y hay algún año en el que no fue convocada ni una sola reunión.

Sobre el precio del contrato

Dos cantidades «paralelas» se manejan por cada tarjeta sanitaria registrada por Ribera Salud. La oficial que fija el contrato -que comenzó con 495 euros por usuario y año al principio de la gestión en 2006 y que ahora se sitúa en 696 euros-, y la provisional, que reclama la concesionaria en sus liquidaciones y que estaba en 502 euros en 2006 y ahora alcanza los 795. La establecida por el pliego tiene en cuenta la revisión de precios aprobados por la ley de Presupuestos, tal y como establece el pliego. La segunda, la que defiende la concesionaria, prioriza el presupuesto definitivo, avalada por un informe del Consejo Jurídico Consultivo no vinculante. Esa «discrepancia» económica se ha resuelto hasta ahora a favor de Ribera Salud con un incremento del precio del contrato de 108 millones de euros.

La Sindicatura cuestiona que el sistema utilizado para fijar esta prima a abonar por la administración por cada tarjeta SIP «haya consistido simplemente en equiparar las condiciones económicas establecidas en noviembre de 2002» y considera «criticable» que la administración no incorporara en su día un clausulado contractual más detallado que permitiera contar con una definición de los indicadores específicos de calidad, a la vez que garantizar la realización de planes anuales de evaluación o auditorías externas y un régimen de penalizaciones -que no existe- en el supuesto del no cumplimiento de esos indicadores, con una deducción sobre la prima per cápita.

La Generalitat tiene pendientes de liquidar los ejercicios 2013 a 2017 de la concesión. Ribera Salud ha reclamado formalmente el abono de 8 millones de euros en concepto de intereses de demora por no cumplir la administración con los plazos de pago cuando liquidó el periodo 2006-2012.