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Catral abrirá la mayor residencia de la Vega Baja tras una década de bloqueo

La concesión por 40 años exige una inversión de 3,5 millones - Las instalaciones pueden acoger a 292 personas mayores y generar 128 empleos

Catral abrirá la mayor residencia de la Vega Baja tras una década  de bloqueo

Catral abrirá la mayor residencia de la Vega Baja tras una década de bloqueo

El Ayuntamiento de Catral está ultima la apertura por concesión administrativa de una de las residencias para personas mayores de mayor envergadura de la provincia, en la que está previsto que se pueda dar servicio a casi 300 usuarios. El edificio sobre once mil metros cuadrados cuenta con 54 apartamentos con cocina, baño, salón y dormitorio y otras 72 habitaciones geriátricas y centro de día.

El equipo de gobierno ha puesto en marcha la fase final del proceso de concesión tras una larga travesía judicial y burocrática -el edificio terminó de construirse en 2008-. Ahora está en periodo de exposición al público el anteproyecto de construcción de la concesión de servicios en el Residencial Villa de Catral y el estudio de viabilidad económico financiera de la iniciativa. Ambos instrumentos a los que la nueva ley de Contratos obliga a la hora de adjudicar una concesión han sido elaborados por los propios servicios técnicos municipales.

El servicio lo otorga el Ayuntamiento por gestión indirecta por un periodo de 40 años. El Ayuntamiento percibirá un canon anual que el estudio de viabilidad fija en 24.000 euros, aunque podría crecer en las mejoras de las ofertas de las empresas. También recibirá el equivalente el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que para este inmueble supondría un ingreso de unos 30.000 euros anuales -el edificio está valorado catastralmente en cinco millones de euros-.

Los informes municipales señalan que una vez que la residencia logre una ocupación plena -lo que desde el punto de vista económico equivale al 85% de su capacidad- podrá generar 128 puestos de trabajo directos -por ejemplo, para el primer año de explotación con una ocupación mucho menor, la plantilla se cifra en 29 empleados-. Un impacto relevante en un municipio con ocho mil vecinos. La empresa que quiera hacerse con el proyecto deberá acreditar la inversión de 2,3 millones de euros en obras de adecuación del inmueble, y otros 1,2 millones en nuevo mobiliario y equipamiento actualizado.

Aunque el edificio sí ha sufrido algunos episodios de actos vandálicos, robos de cable e incluso un incendio -en 2017-, las instalaciones se han podido mantener en condiciones durante todo este tiempo, al disponer casi de forma continuada con vigilancia y estar asegurado.

La instalación ofrecerá 142 plazas geriátricas convencionales en las 72 habitaciones; otras 108 en los apartamentos tutelados para los usuarios con mayor autonomía y 42 plazas de centro de día. La misma documentación indica que hasta el 70% de las plazas geriátricas podrían ser concertadas por la Generalitat, mientras que los apartamentos tutelados estarían gestionados exclusivamente por la empresa concesionaria.

El alcalde Pedro Zaplana (APC) explicó ayer que una vez resuelto el periodo de exposición pública la voluntad del equipo de gobierno es que a final de año en el pleno se apruebe el proyecto de viabilidad económica y el de obras, y en la misma sesión, se inicie el expediente de contratación y la redacción de los pliegos. En enero se aprobarían los pliegos. La concesión se adjudicaría en marzo y la instalación, que requiere obras de adecuación de varios meses, podría estar en funcionamiento en el último trimestre de 2019.

Zapata advirtió que estas previsiones podrían modificarse en el momento de elaborar los pliegos aunque el estudio da una dimensión aproximada de cómo se gestionará el residencial e indicó que estos análisis previos se ha hecho considerando unas variables «conservadoras», por ejemplo, en cuanto al nivel de ocupación estimado durante los primeros años, o sobre la necesidad de financiación de la concesión para realizar la inversión. El primer edil asegura que se ha sido especialmente exigente en en el proyecto de construcción al margen de que el edificio se haya conservado en condiciones. La empresa deberá su propio proyecto de construcción una vez que se haya hecho con la concesión.

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