El juzgado de Instrucción Número 4 ha resuelto que la investigación sobre la desaparición de multas en la jefatura de la Policía Local se juzgue con un tribunal de jurado por la naturaleza de los delitos investigados. El magistrado considera que existen indicios de la comisión de tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos públicos y posible malversación de caudales públicos por parte de un exinspector y dos agentes. Este auto se produce solo unos días después de otro en el que denegaban los recursos de los tres imputados que reclamaban el sobreseimiento de la causa, y que ya fue denegado por el juzgado que instruyó la investigación en 2015, en una resolución confirmada por la Audiencia Provincial.
La resolución descarta la alegación de los imputados en la que asegura que no existe infidelidad en la custodia de documentos públicos, porque la multa, físicamente, sí que existía. El juez, sin embargo, aclara que esa supuesta infidelidad también se produce en el caso de los documentos electrónicos que se confeccionan para la tramitación de un expediente digital. Y en este caso un informe pericial acredita que se produjo una «manipulación del sistema informático y se eliminó de la aplicación Gespol, atribuyéndose inicialmente la manipulación a los agentes de la Policía Local investigados en esta causa».
Los hechos, denunciados en 2013, se remontan al 30 de noviembre de 2012 cuando tres policías que patrullaban por la confluencia de la avenida de Rosa Mazón con la calle María Humildad Jiménez, advirtieron que un turismo no respetó una señal. Le dieron el alto para sancionar la infracción y, aunque la conductora no se negó a cooperar, sí empleó un tono irónico a la hora de dirigirse a los agentes asegurando que firmaba la denuncia pero que no la iba a pagar porque iba a llamar a un mando, conocido suyo, para contarle lo sucedido, según la documentación sobre el procedimiento. La instrucción constata que SUMA no recibió la sanción, que el exinspector y la sancionada se conocen y que en el momento en el que se produjeron los hechos, no existía en la jefatura un registro físico de las denuncias, solo un buzón sin control ni videovigilancia -que en ocasiones se desbordaba y algunas sanciones caían al suelo-. «Algo impropio de un municipio como Torrevieja», según recogió el auto que denegó el archivo en 2015.
Para asegurarse de que la sanción llegaba a su destino, uno de los agentes la registró en una ventanilla única en Murcia. «Lo que pretendía el agente sancionador -indica la investigación- es que, dada la escasa fiabilidad que demostraban los buzones y los constantes rumores sobre la desaparición de multas, quedara constancia de su entrada». La sanción de 200 euros llegó en un sobre cerrado el 27 de diciembre de 2012 pero «se archivó» por «error».
La sanción fue recogida por una agente, que la recordaba porque llegó a través de la ventanilla única -algo poco habitual pero legal-, y la entregó al agente que se encarga de gestionarlas, también imputado en la causa -ya que supuestamente no la tramitó-. Meses después, en la madrugada del 6 junio de 2013, otro agente, el tercer implicado, modificó el registro en el sistema informático de gestión de multas. «Con poco éxito pues la manipulación, realizada cuando ya se estaban investigando los hechos, no hace sino reforzar los indicios de la voluntad de los imputados de hacer desaparecer la multa». Lo hizo pocos días después de que el juzgado comenzara a indagar en SUMA sobre el recorrido de la sanción. El informe dice que se manipuló el registro alterando la casilla para que la sanción figurara como «archivo». El rudimentario sistema del buzón pasó a la historia de la gestión de sanciones tras esta denuncia.
La transformación de la investigación en un proceso del tribunal jurado no implica que no pueda archivarse antes de llegar a juicio. El fiscal y acusaciones deben concretar ahora -6 años después de presentarse la denuncia, las imputaciones en una cita señalada en enero.
El juez dictará auto continuando o sobreseyendo el procedimiento y resolverá si se realizan más diligencias complementarias, además de pedir a las partes acusadoras y al fiscal los escritos de conclusiones -donde se piden penas en función de los delitos o el archivo- y que expresen si se debe o no abrir juicio oral.
Acoso laboral reconocido
Uno de los agentes denunciantes se vio obligado a dejar el servicio en la plantilla policial de Torrevieja tras solicitar un traslado laboral debido «al grave y persistente feroz acoso laboral y personal» que sufrió tras dar conocimiento al juzgado de estos hechos y de otras irregularidades en la Policía Local. Acoso ratificado por sentencia este año con condena indemnizatoria acatada por el Ayuntamiento y recurrida por los codemandados.
