El equipo de gobierno del PP en Bigastro ha aprobado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU número 9 para amparar las actividades industriales en la zona del ensanche A-2 del casco urbano. La petición se ha tramitado a instancias de una sola empresa del municipio que realiza esa actividad industrial en ese área de forma irregular desde hace muchos años.
El PSOE de Bigastro ha decidido llevar ante la Fiscalía lo que califica como una «maniobra para legalizar la situación irregular de una conocida empresa de cítricos valiéndose incluso -asegura- de una supuesta falsificación de documento público para ello».
Los socialistas afirman que la empresa arrastra desde hace años quejas de los vecinos por ruidos y el trasiego de vehículos «hasta altas horas de la noche, debido a su ubicación en el casco urbano. La firma, explican los socialistas, solicitó esta modificación del PGOU con la finalidad de obtener licencia de apertura y «la alcaldesa Belmonte constituyó una comisión medioambiental» con la intención de facilitarle «su propósito sin tener en cuenta un informe que certifica y dictamina que la actividad sobrepasa los niveles que exige la legislación de recepción acústica interna en horario diurno y nocturno».
La creación y funcionamiento de esta comisión mediombiental, según su reglamento, no se ha hecho legalmente -valoran los socialistas- ya que las sesiones, «ni se convocaron en tiempo y forma, ni había quórum suficiente, por lo que todo aquello que se ha aprobado sería nulo». También advierten que en las sus dos actas la secretaria manifiesta que «asiste uno de los concejales del PP, José Manuel Máiquez Moya, pero no aparece su firma en el documento, si la del resto de asistentes».
Los concejales socialistas desvelaron este «entramado y las irregularidades detectadas» durante el pleno celebrado en noviembre, pero pese a todo, los concejales del PP aprobaron la modificación del PGOU». Tras la petición del PSOE de aclarar estas «anomalías» la secretaria les envío de nuevo las actas donde «sí aparece la firma manual del concejal?¿Milagro o supuesta falsedad documental?», se preguntan. «Ante la gravedad de los hechos, el PSOE ya ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía», anuncian.
La aprobación es definitiva y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 11 de enero. En la documentación que refleja el acuerdo no aparece que la modificación se realiza a instancias de una única sola empresa y se da a entender que se trata de una medida para autorizar la implantación de actividades futuras y no para legalizar las que ya trabajan de forma irregular sin licencia de actividad.
Además se hace referencia siempre a actividades limitadas a 400 metros cuadrados para parcelas de quinientos. Bigastro cuenta con un polígono industrial, el de Apatel, en el que podrían reubicarse estas empresas, en especial la que ha impulsado el procedimiento.
«Transparente y legal»
La alcaldesa Teresa Belmonte (PP) explicó ayer a INFORMACIÓN, por su parte, que el proyecto de modificación puntual del PGOU que afecta al sector A2, «se aprobó tal y como marca la normativa por el órgano ambiental constituido por el Ayuntamiento en 2017». Según la misma fuente, los concejales de la oposición «se negaron a participar en este órgano de decisión, renunciando así a sus obligaciones como concejales y menospreciando su labor de oposición».
El proyecto estuvo en exposición pública durante 45 días, «tal y como marca la normativa» y «ninguna alegación se ha registrado en el Ayuntamiento a este proyecto de modificación», remarcó la edil popular. Para el gobierno local «nuevamente los concejales de la oposición han hecho dejación de funciones durante los plazos de los que la ley ofrece, y ahora intentan levantar suspicacias y sospechas sobre el procedimiento para justificar su falta de compromiso con nuestro pueblo. Y pretenden desprestigiar al equipo de gobierno con esta nota de prensa llena de falsedad y mala intención», dijo.
Para la alcaldesa la denuncia pública y judicial de los socialistas «no sólo nos perjudica a nosotros, sino a varias industrias y comercios que están ubicados en ese sector y que podrán regularizar su situación después de más de 20 años. Porque el actual PSOE de Bigastro, olvida los 28 años de mandato de su partidos y las miles de chapuzas urbanísticas llevadas a cabo en ese periodo, muchas de ellas ilegales y que han llevado sus alcaldes a ser condenados. El procedimiento seguido es totalmente legal y transparente»
