Un exmiembro del IRA juzgado junto a su mujer en la Audiencia Nacional por blanquear en España dinero del contrabando de tabaco ha reconocido que fue condenado por su actividad en ese grupo terrorista, pero ha negado cualquier relación con el contrabando de tabaco u otra actividad ilegal.

"Sí, he sido sentenciado por formar parte de la lucha política, por lo que no es de ningún modo criminal", ha respondido Leonard Hardy, que tiene una casa en Orihuela, al ser preguntado por el fiscal si había sido condenado por ser miembro del IRA.

"¿Condenado por poner una bomba en Alemania?", ha seguido inquiriendo el fiscal, a lo que el acusado, que ha declarado en inglés con ayuda de una intérprete, ha respondido afirmativamente.

Lo que ha negado es tener nada que ver con el alijo de tabaco de contrabando intervenido el 8 de noviembre de 2011 por la Policía irlandesa y "con ninguna actividad de contrabando de tabaco en ninguna parte del mundo ni ningún tipo de actividad ilegal".

En ese sentido, ha apuntado que el origen de este dinero era "producto de su trabajo y el de su esposa", así como de algunas propiedades que tenía la pareja y de la herencia de su madre que había fallecido en el año 2000.

Hardy ha señalado al fiscal que no iba a seguir respondiendo a más preguntas sobre el contrabando de tabaco porque ya había sido juzgado en el Reino Unido en relación con esa incautación y fue absuelto por ello.

La Fiscalía acusa a Leonard y Donna Hardy de blanquear dinero procedente del contrabando de tabaco mediante operaciones inmobiliarias, hechos por los que se enfrentan a un año de prisión y multa de 887.906 euros.

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía relata que hasta el momento de su detención, Leonard Hardy se dedicaba "al contrabando de tabaco a gran escala al frente de una organización", que comenzó su actividad en 2005 y comenzó a ser investigada por el servicio de aduanas de Reino Unido en 2010 en la Operación Bayweek.

Durante la vista, al ser preguntado por sus propiedades en territorio español, el acusado se ha referido a dos viviendas, la primera de ellas en Orihuela, que compró con una hipoteca y rehipotecó para adquirir una segunda ubicada en Nerja (Málaga).

Además de un almacén en un polígono industrial de Manilva en donde funcionaba la sociedad Vinnea, de la que eran miembros los acusados y que se dedicaba a la importación y exportación de bebidas.

Sobre esta sociedad, la procesada Donna Hardy ha solicitado, tras negarse a responder al fiscal, que "conste en acta que la sociedad no debe estar en este procedimiento".

Su defensa ha alegado al respecto que los hechos no son constitutivos de blanqueo de capitales agravado, al no haber una procedencia de una actividad delictiva, y ha señalado que cuando se produjeron los hechos no existía responsabilidad penal de las personas jurídicas.