La que queda de la casa solariega de Los Balcones, protegida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) desde 1987, puede tener los días contados. La junta de gobierno del Ayuntamiento dio cuenta ayer de una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) que da la razón a la propiedad a la hora de que el municipio realice un informe sobre si la edificación, que da nombre a este barrio de Torrevieja, presenta estado de ruina. Algo que podría permitirle derruir el edificio -que es lo que busca desde hace décadas-. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento tiene abierto desde hace meses un expediente de expropiación a los dueños por incumplir su obligación de conservar el inmueble protegido, algo que viene recogido en la ley urbanística valenciana, pero que en cualquier caso no garantiza una actuación que mantenga en pie la edificación. Un inmueble que podría ser ejemplo de la sensibilidad patrimonial de la ciudad y que da la bienvenida a Torrevieja a miles de visitantes de la ciudad desde su acceso sur -la CV-95- en un estado deplorable, además frente al único hotel de cuatro estrellas de la ciudad.

Mandatos anteriores

La edil de Urbanismo, Fanny Serrano (PSOE), atribuyó esta situación a la gestión de mandatos anteriores. Según la concejala cuando el Ayuntamiento intentó hace cuatro años asumir de forma subsidiaria la reparación, los juzgados ya habían adoptado medidas cautelares por las que se paralizaban las medidas de restauración -tanto las que evitaba la empresa, como las que pudiera emprender el municipio-. Entre los años 80 y 2015 el edificio, uno de los pocos ejemplos de casa solariega supervivientes de la antigua actividad agrícola de secano en torno a la laguna de Torrevieja, ha ido deteriorándose. Entre 2011 y 2015, perdió parte de la cubierta. El Ayuntamiento impuso en aquel momento multas coercitivas para que iniciara medidas urgentes que garantizaran que se mantuviera en pie la estructura del inmueble. Los técnicos realizaron un detallado estudio de las medidas de urgencia y las restauración con sus coste: más de seiscientos mil euros.

La firma tan solo cumplió el vallado para evitar el acceso de vecinos (y la responsabilidad ante accidentes) y el apuntalamiento de la fachada. Ni tan siquiera elaboró un inventario de los bienes protegidos-la medida menos costosa-. Y entonces alegó en el juzgado que el coste de remodela era superior a la construcción de completa del edificio. La inmobiliaria propietaria ha estado además eludiendo su responsabilidad del pago de las multas coercitivas con cambios de denominación y supuestas modificaciones de propiedad.Está mucho en juego. El suelo (4.256 metros cuadrados con privilegiadas vistas a la laguna salinera) está calificado en el Plan General como de uso hotelero. Pero ahora puede acabar en manos del Ayuntamiento.