El Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa contra la alcaldesa de Almoradí María Gómez (PP) por el pago se sobresueldos al exsecretario del Ayuntamiento, durante su etapa como edil de Hacienda el pasado mandato. Gómez había tenido que declarar en los juzgados tras la querella presentada por el portavoz socialista Jaime Pérez Pacheco por una presunta prevaricación y malversación de fondos. El auto refleja que «la conducta de los querellados no encaja en ningún tipo de delito contra la Administración Pública». Así, el juzgado se ha adherido plenamente al informe del ministerio fiscal que consideraba que las decisiones tomadas en su momento por María Gómez tienen una base legal «conforme a la legislación autonómica», por lo que se descarta el aspecto penal de la infracción.
La denuncia por estos hechos fue interpuesta por el exregidor Jaime Pérez (PSOE) quien cifró en 45.000 euros la cantidad que, al parecer, se habría pagado al fedatario en concepto de productividad durante dos años a pesar de que, según señalaba la denuncia, la Intervención municipal advirtió de la posible ilegalidad. El secretario municipal recibía un sueldo de 1.800 euros y otros 1.500 euros más en concepto de productividad.
Pérez presentó la querella tres semanas antes de que prosperara la moción de censura, que se produjo el 16 de enero de 2017, presentada por PP y Ciudadanos (Cs) contra el gobierno de PSOE e Izquierda Unida (IU). Gómez ha defendido en estos dos años su inocencia, como ahora el juzgado ha señalado, y llegó a calificar la querella de vendetta política dado que empezaba a ser vox populi que en pocos día se registraría esa moción de censura para desbancar al gobierno de izquierdas. Ayer, se mostró satisfecha con la resolución judicial que archiva la causa y señaló que después de dos años «ha quedado demostrado que el único motivo que llevó al bipartito de izquierdas PSOE-IU, con Jaime Pérez Pacheco a la cabeza, a querellarse contra la entonces líder de la oposición y actual alcaldesa era intentar a cualquier precio evitar la moción de censura».
Honorarios
La regidora criticó la «burda utilización de la justicia y de los medios públicos que ha supuesto un perjuicio a las arcas municipales, que tendrán que hacer frente al gasto de unos 15.000 euros en honorarios de abogados por denuncias sin fundamentos, realizadas también a funcionarios públicos en ejercicio, todas ellas archivadas a día de hoy».
La alcaldesa almoradidense dijo sentirse tranquila por haber defendido en estos dos años su inocencia y mandó un mensaje al ahora líder de la oposición. «En política no todo vale, y no debería salir gratis cuestionar la honradez y conducta intachable en la gestión del dinero público de todos los almoradidenses, solo con el fin de mantenerse en el poder», dijo.
