El alcalde de Pilar de la Horadada suspende la tramitación de licencias para mezquitas

La decisión fue rubricada por el alcalde José María Pérez (Partido Popular) el 21 de junio. Fue una de sus primeras decisiones relevantes en el cargo -incluso previa a la celebración del pleno de constitución y no informó a la opinión pública sobre su decisión. Pérez, empresario horticultor -sector que tiene a los vecinos magrebíes como su principal mano de obra-, gobierna Pilar de la Horadada con mayoría absoluta.

El primer edil justifica su decisión "en aras de establecer los criterios de implantación conforme a las necesidades y demandas de los ciudadanos, así como establecer los parámetros correctos de ubicación, orden, y tráfico rodado, entre otros, que conllevan los distintos actos y aforos ligados a los centros de culto". Un argumento que se pone sobre la mesa pese a que existe una modificación puntual del PGOU aprobada desde 2012 para fijar esos criterios.

En declaraciones a INFORMACIÓN el alcalde ha dicho esta tarde que la suspensión se hace "para que los servicios municipales se puedan poner a trabajar buscando una solución global en la que conviva la comunidad musulmana y el resto de vecinos" y ha agregado que ha mantenido varias reuniones con los representantes de la comunidad musulmana y están de acuerdo en buscar una solución entre todos".

Desde 2011 el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada "esquiva" con objeciones y modificaciones legales de ámbito local el derecho constitucional de la comunidad musulmana a contar con su propio espacio de culto en condiciones. Lo hizo en 2012, bajo mandato del alcalde del PP, Fidel Ros, que aprobó una modificación puntual del Plan General del municipio, la número 30, ad hoc para endurecer los requisitos urbanísticos y técnicos con los que debía contar un espacio de culto una vez que la comunidad musulmana había invertido 160.000 euros en un local en un barrio de Pilar de la Horadada y los vecinos se opusieron. A aquella modificación se le dio el visto bueno bajo el argumento de "la necesidad de ordenar desde el punto de vista urbanístico el derecho a la libertad religiosa a fin de que pueda llevarse a cabo tal y como establece la Constitución Española sin menoscabo del resto de los derechos fundamentales".

En el anterior mandato, entre 2015 y 2019 el alcalde socialista Ignacio Ramos constituyó una mesa de trabajo para intentar abordar el problema proponiendo una ubicación en el polígono industrial. Sin embargo, lo único que hizo fue dilatar el problema sin darle solución, según fuentes municipales consultadas por este diario.

Según el concejal de Vecinos del Pilar, Francisco Albaladejo, los responsables religiosos de los musulmanes habían logrado un acuerdo para contar con un local que cumple las condiciones municipales para abrir espacios de culto tras años de gestiones y trámites -y rechazos vecinales-. En concreto el edificio de un antiguo cine en el casco urbano. Albaladejo, que trabajó por llegar a una solución durante cuatro años como edil del gobierno municipal cree evidente que la intención del alcalde es desbaratar cualquier opción de la comunidad musulmana de contar con este espacio religioso.

Sin embargo, el equipo de gobierno ha replicado que ese "acuerdo es un rumor y la adquisición del antiguo cine nunca se materializó".

Los musulmanes pilareños, más del 10% de la población local sin contar los no censados, se preguntan si estas prevenciones legales se hubieran levantado si el espacio religioso propuesta no fuera una mezquita.

El gobierno de Pilar de la Horadada puso en marcha a principios de 2018 un foro social para facilitar la instauración de una mezquita en el municipio. El Ayuntamiento quiso "acercar posturas entre grupos políticos, asociaciones vecinales y la comunidad musulmana tras casi dos años de agrio debate". Se quiso buscar un consenso para habilitar el lugar de culto "y no crear más división de la que ya existe". La propuesta inicial pasaba por ceder una parcela municipal en el polígono para habilitar el edificio y que el municipio cobrara un alquiler por su uso.

La comunidad islámica compró hace años una vivienda para convertirla en centro de rezos, pero no lo consiguió. Lo impidió el propio consistorio en la anterior legislatura. Lo hizo modificando el PGOU y la ordenanza que los regula para exigirles tener plazas de aparcamiento. Eso sucedió al tiempo que un grupo vecinal recogía firmas en contra de la mezquita. Marroquíes, senegaleses, y argelinos que profesan esta confesión religiosa sintieron agraviados y denunciaron que ese cambio en la normativa se había tramitado de forma exprés para bloquear su lugar de rezo.

El que fuera edil del anterior equipo de gobierno explicó que la comunidad árabe solicitaba al Ayuntamiento que se haga una permuta de la casa que compraron por 160.000 euros, ubicada en la calle Juan XXIII, y que no se podrá habilitar como mezquita para cambiarla por una parcela en el polígono industrial que sí reuniría esas condiciones. Algo que se descartó porque el valor de ambos terrenos es muy distinto y saldría perdiendo el Ayuntamiento.

Otra de las opciones barajadas fue que el consistorio levantara una nave y después le cobre un alquiler por su uso a los musulmanes. En opinión de Albaladejo, hace falta hacer mucha pedagogía entre los vecinos para explicarles bien en qué consiste la religión musulmana, eliminar prejuicios y conceptos erróneos relacionados con el islamismo radical. Sin embargo «ha habido una falta de valentía entre los políticos del municipio que no han tomado decisiones por miedo a la reacción ciudadana, dilatando en el tiempo el trabajo en vez de buscar una solución», apuntó el citado edil. «A pesar de todo lo que ha sucedido, ellos siguen teniendo una actitud correcta con nosotros y lo único que quieren es poder ejercer su derecho a rezar en paz», concluyó Albaladejo.