El Pleno del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas ha aprobado por unanimidad dos mociones institucionales para instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso y de las Cortes Valencianas a manifestar públicamente su desacuerdo ante la problemática de las retenciones ilegales de mujeres mayores de edad en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia) y a mediar y exigir la liberación y repatriación de las jóvenes Koria Badbad Hafed y Maloma Morales de Matos, de nacionalidad española, privadas de libertad en contra de su voluntad desde 2011 y 2015 respectivamente. Además, la corporación ha solicitado a las altas instituciones del Estado que se promueva el respeto efectivo a los Derechos Humanos de otras tres mujeres de origen saharaui, mayores de edad, en los campamentos.

La primera moción municipal reitera así el requerimiento a las autoridades españolas, argelinas y del Frente Polisario a resolver la situación de privación arbitraria de libertad de Elkouria Babdad Hafed, conocida como «Koria», que había vivido más de 10 años en San Miguel de Salinas bajo la Tutela Legal de la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana y en acogida por el matrimonio formado por la edil de EUPV Bienvenida Campillo y José Vicente Mañogil, y que el 4 de enero de 2011, último día de un viaje de visita a su familia biológica en los campamentos, cuando se disponía a salir hacia el aeropuerto para regresar a España fue retenida por la fuerza en contra su voluntad y trasladada fuera de los campamentos, al territorio del Sahara Occidental bajo control del Frente Polisario. Desde entonces, han pasado 8 años y 8 meses en los que «Koria» ha permanecido aislada e incomunicada con el exterior. El Ayuntamiento, además, reivindica la liberación y repatriación de la joven española Maloma Morales de Matos, secuestrada el 12 de diciembre de 2015 en las mismas circunstancias.

Por otro lado, en un segundo acuerdo unánime, el pleno del Ayuntamiento ha dado una respuesta "clara, firme y absoluta" a las acusaciones vertidas por la asociación “Frontera Saharaui” en redes sociales y directamente en una carta dirigida al alcalde de San Miguel de Salinas. Así, la moción niega taxativamente las acusaciones que directa o indirectamente ha efectuado dicha asociación de financiación por parte del Ayuntamiento de perfiles o redes sociales de la Plataforma “La Libertad es su Derecho” y las acusaciones vertidas sobre la edil Bienvenida Campillo. Al mismo tiempo, anuncia que actuará "enérgica y decididamente frente a cualquier acusación falsa, cualquier injuria o calumnia, que se realice frente a este Ayuntamiento o cualquiera de sus miembros, en el ámbito civil y penal si fuera necesario", explica el consistorio en una nota.

El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas reitera su apoyo a la defensa de los derechos fundamentales, a la libertad de expresión y a la labor de la plataforma “La Libertad es su derecho”, así como a la lucha en defensa de los Derechos humanos de Maloma Morales de Matos y Koria Badbad Hafed, así como los de todas aquellas mujeres de origen saharauis que se encuentran en situación de retención o atentado contra la libertad individual y personal de las mismas, por el hecho de ser mujer.

En las mociones, el Ayuntamiento recuerda que las familias Mañogil Campillo y Morales de Matos denunciaron estas retenciones contra la voluntad de mujeres mayores de edad ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al considerar que es una acción contraria a las disposiciones internacionales establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en los artículos 7, 9, 10, 13, 18, 19 y 20, y contraviene los artículos 9, 12, 18, 19 y 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Además, incurre en la violación de los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), promulgada en 1976 y adoptada en el 10º congreso del Frente Polisario en 1999, en los que se establece que «la libertad individual de las personas queda garantizada y nadie puede verse privado del ejercicio de su libertad, salvo por ley», así como que «queda prohibido atentar contra la intimidad, el honor o ejercer sobre cualquier violencia física o moral o cualquier atentado contra la dignidad de las personas» y viola los artículos 11 (el Estado garantiza el respeto a las libertades fundamentales de los ciudadanos), art. 25 (todos los ciudadanos son iguales ante la ley) y el art. 36, que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a la protección y a los cuidados de salud.

Sin embargo, según se refleja en la moción municipal, las autoridades del Frente Polisario se negaron a acometer directamente la entrega de los medicamentos necesarios para el tratamiento de Elkouría Badbad Hafed, "denostando a la víctima con comentarios despreciativos hacia su persona y su integridad, así como no han dado muestra alguna de interés por el cumplimiento de las promesas hechas a la familia de acogida de mantener contacto directo con los padres biológicos de Koria para que depongan su actitud y liberen a la víctima en cumplimiento de la ley".

El alcalde, Juan de Dios Fresneda, ratifica que la familia española de Koria “ha contado en todo momento con el respaldo de esta corporación municipal, desde la que hemos apoyado y exigido acciones en favor de su derecho a decidir libremente su futuro, así como, paralelamente, para que pudiera retomar su tratamiento médico, indispensable para su salud, y sus estudios, ya que era una estudiante excelente y había manifestado su deseo de acudir a la universidad”.