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La empresa que proyectaba una mina de yesos se retira tras la presión vecinal

La mercantil presentó de nuevo su propuesta en 2018 pese al rechazo del Ayuntamiento y de una asociación ciudadana

Imagen de 2018 de la manifestación en contra de la investigación para instalar una mina de yesos. tony sevilla

El grupo empresarial almeriense que pretendía realizar una prospección para la posterior explotación de una mina de yesos a cielo abierto en San Miguel de Salinas ha desistido del proyecto. La firma Explotaciones Río Aguas S.L., del grupo almeriense Torralba, ha retirado la propuesta ante el servicio territorial de Industria y Energía de Alicante. La notificación la recibió ayer la Asociación de Vecinos de San Miguel Arcángel, que es el colectivo vecinal que movilizó a los residentes y al Ayuntamiento para frenar la iniciativa en torno a una plataforma vecinal. No solo por su grave impacto ambiental sobre suelo protegido, también por la amenaza a la actividad turístico residencial que suponía una actuación que tenía previsto abarcar cientos hectáreas. Solo en las tareas previas de investigación y catas la empresa tenía previsto invertir 400.000 euros.

La promotora ha tirado la toalla al comprobar que la postura del Ayuntamiento y de los vecinos seguía siendo la misma, de rechazo al proyecto tras modificarlo y reducir su ámbito de actuación sin invadir suelo catalogado como Paisaje Protegido. Sin embargo, la nueva iniciativa sí afectada al ámbito de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en una franja situada entre el casco urbano de San Miguel de Salinas y la Sierra de Escalona con especial interés paisajístico y agrícola. La empresa minera presentó el proyecto en mayo de 2016. El equipo de gobierno de entonces ni tan siquiera se enteró de su tramitación. Solo se desveló la iniciativa cuando fue publicada el Diario Oficial de la Generalitat. La yesera solicitaba un permiso de investigación que se extendía desde la urbanización de la Ciudad de las Comunicaciones hasta el pantano de La Pedrera, en una amplísima extensión de suelo del término municipal. Los permisos para sondeos abarcaban en la primera propuesta 1.400 hectáreas, de las cuales 1.065 se superponen con la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor.

En julio de 2018 -según se confirma ahora sin que la Asociación de Vecinos fuera informada hasta hace unas semanas- la empresa presentó un nuevo proyecto en el que reducía ese ámbito de investigación y retiraba la propuesta sobre los terrenos de mayor valor y protección ambiental -donde la Generalitat no iba a autorizar la actividad en ningún caso-.

La decisión de la empresa fue del todo inesperada. El colectivo vecinal había confirmado ayer mismo ante los medios de comunicación una concentración el mes de octubre en Alicante para reclamar a la Generalitat que rechazara el proyecto mientras que todos los grupos con representación municipal expresaron el pasado jueves su rechazo a la investigación minera al margen de que se hubiera reducido su ámbito de actuación-. También la propia mercantil ha expresado en declaraciones públicas su sorpresa por el rechazo del municipio a la solicitud, algo que, asegura, nunca ha sufrido en las explotaciones que desarrolla en Almería con productos que destina a la exportación.

Casi mil personas participaron en la manifestación contra la mina de yesos hace ahora casi un año en un municipio con poco más de 6.000 habitantes. También participaron todos los partidos, incluido el PP -mayoritario entonces-. Una participación llamativa y que reflejaba el consenso en contra de la mina puesto que los populares han sido poco receptivos a las reivindicaciones de esta activa asociación vecinal.

Además del impacto ambiental, los vecinos alegaban que una actuación de esta entidad supondría una caído en picado el valor de los inmuebles. También advirtieron de las afecciones colaterales de la explotación tales como el riesgo de un aumento de la actividad sísmica (los terrenos se sitúan sobre la falla de San Miguel de 17 kilómetros y la empresa no ha hecho estudio de sismicidad) o la falta de informes sobre el impacto que ocasionaría la mina en las viviendas.

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