El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche ha solicitado al arquitecto Antonio Marquerie Tamayo que aporte la certificación final de obra del Teatro Municipal. Lo ha hecho a petición del Ayuntamiento, que respondió con esta solicitud a la reclamación del arquitecto de 130.000 euros por supuestos honorarios impagados en su función de director de la obra de construcción de este espacio cultural. Han sido los servicios jurídicos municipales los que han reclamado el certificado como «medio de prueba» en respuesta la demanda del arquitecto. La petición, sin embargo, tendría otra finalidad más allá de acreditar que el profesional ha realizado efectivamente ese trabajo. Si el arquitecto la aporta, como le exige el juzgado, el Ayuntamiento podría desbloquear por completo el procedimiento para otorgar licencia de apertura al edificio. Además, sin necesidad de atender la reclamación de honorarios del arquitecto. Porque esa certificación, que debió firmarse antes de la inauguración del Teatro en 2006, es el único requisito que queda por aportar para finalizar una tramitación de la licencia que se ha hecho interminable.
«No existe»
El Teatro Municipal está cerrado desde septiembre de 2015, después de que una resolución de la Generalitat indicara que debía clausuarse al no contar con licencia de apertura. Requisito indispensable para un espacio de libre concurrencia -más de 600 butacas-. Esa autorización garantiza las medidas de seguridad y evacuación. El abogado de Marquerie ya han respondido, en tono de sorpresa, con una alegación en la que se asegura no puede aportar el certificado de fin de obra «porque no existe» y acusa al municipio de «fraude de ley» porque ha solicitado la prueba a sabiendas de esa inexistencia y «llevando a engaño al juzgado». No es una situación sencilla para el arquitecto demandante porque difícilmente el juzgado podrá darle la razón en su demanda económica sin aportar esta prueba.
Al margen de consideraciones jurídicas el litigio está instalado en modo bucle: el arquitecto no va a acceder a la firma del certificado de fin de obra si no se atiende su reclamación económica; y el Ayuntamiento no va a aceptar ningún tipo de petición sin contar con el certificado de fin de obra, el único que puede corroborar que el profesional ha hecho su trabajo, y que -de paso- le permitiría al Ayuntamiento reabrir el Teatro.
El arquitecto argumenta ante el juzgado que solo ha percibido los honorarios correspondientes a la dirección de obra adjudicada en 2003 a Acciona: 249.482 euros. El porcentaje legal correspondiente sobre el total del coste de 6.429.191 euros. Pero que la adjudicataria logró percibir otros 4.669.154 euros, por sobrecostes fuera del presupuesto inicial, lo que elevó la inversión final de dinero público -sin que mediara otro contrato de modificación del proyecto- a 9.667.989 euros. Ese sobrecoste se validó en una junta de gobierno de principios de 2011 por el entonces alcalde Pedro Hernández, seis años después de que el Ayuntamiento inaugurara el espacio.
De ahí la estimación del profesional de que se le adeudan otros 130.000 euros (IVA incluido). Tanto en el anterior gobierno como el actual del PP reiteraron que el arquitecto percibió también en 2011, una cantidad por la liquidación final -11.000 euros-. La aceptó sin plantear que no era la que correspondía a los sobrecostes.
