Manuel Pineda (PSOE), alcalde de Rafal y presidente del Consorcio comarcal de residuos tiene previsto convocar justo después de las elecciones generales una reunión del organismo de gestión para renovar toda su composición. Esa actualización debería haberse concretado tras las elecciones municipales de junio pasado. Sin embargo se ha ido retrasando hasta la fecha. El Consorcio será presidido por un alcalde o alcaldesa del Partido Popular. Quien más opciones tiene es la primera edil de Bigastro, Teresa Belmonte. La Generalitat cuenta con 19% de representación en el Consorcio, la Diputación con el 21% y el resto de la representatividad (60%) se distribuye entre los 27 municipios de la Vega Baja, con mayor ponderación para los de importancia demográfica: Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada, Almoradí, Callosa de Segura, Rojales y Guardamar. Con esas cifras y tras los resultados electorales de mayo el PSOE perdió la mayoría -por escaso margen-.

El PP se enfrenta al reto de desarrollar las previsiones de plan zonal bloqueadas desde hace 15 años por la investigación de la trama corrupta de las basuras en el caso Brugal. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha dado la razón a la UTE Cespa-Ortiz, investigada en esa causa penal, para validar su condición de adjudicataria del plan zonal tras la recisión llevada a cabo por el Consorcio en enero de 2015.

Ese plan ubica el macrovertedero de la Vega Baja en Albatera y una planta de transferencia en Cox. El Consorcio mantiene un recurso de casación ante esa decisión en el Tribunal Supremo. Hasta que no se resuelva en ese ámbito, ni la empresa podrá hacer valer su contrato ni el Consorcio resolver por su cuenta la grave carencia de infraestructuras de reciclaje, en especial del vertedero comarcal.

La única instalación que puede ser una realidad a corto plazo es la planta de transferencia en Dolores que ya cuenta con presupuesto de ejecución. La «papeleta» del PP será ahora validarla cuando este partido la rechaza de plano en la oposición al PSOE en Dolores.