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Un juez llama a declarar como investigada a la concejala Carmen Gómez por el caso del Taller de Empleo de Torrevieja

El juzgado investiga si hubo ilegalidades en la encargo verbal -por teléfono o whatsApp- de 183.000 euros en materiales sin contrato para construir una zona verde en San Luis |

Un juez llama a declarar como investigada a la concejala Carmen Gómez por el caso del Taller de Empleo de Torrevieja

El Juzgado de Instrucción 1 de Torrevieja ha citado a declarar como investigada a la concejala de Contratación y Aseo Urbano, Carmen Gómez Candel (PP) el próximo día 11 de diciembre en el marco de la investigación de los encargos de material sin contrato del Taller de Empleo Mediterráneo VIII.

En la misma jornada ha sido llamado a declarar un hermano de Gómez Candel, contratado en su día como uno de los responsables del taller, que se desarrolló en 2014 y 2015 y que tenía como objetivo la construcción de un parque de 40.000 metros cuadrados en el acceso principal a la macrourbanización del Chaparral-San Luis.

Los juzgados investigan si hubo delito en el encargo de materiales para ese taller de empleo por valor de 183.000 euros. Los encargos no solo carecían de contrato: las facturas no fueron conformadas por los técnicos municipales -por lo que no se podía validar si el servicio estaba o no ralizado- y en las diligencias figura que al menos dos de los responsables del taller pidieron los materiales por teléfono o por WhastsApp.

El taller se desarrolló durante el anterior mandato de Eduardo Dolón (2011-2015) y fue denunciado por el gobierno entrante de izquierdas en 2015. Las obras del parque, del que carecen los vecinos desde la construcción de la urbanización en los años 80, fue suspendida y el solar vallado.

Carmen Gómez era edil de Contratación, Aseo Urbano y Parques y Jardines en el momento de llevarse a cabo el Taller aunque no era responsable directa de la iniciativa, que gestionaba la Concejalía de Fomento.

La providencia del juzgado también reclama al Ayuntamiento de Torrevieja que en el plazo de díez días aporte al juzgado el listado completo de los encargados de obra designados por la Escuela Taller de Empleo del Ayuntamiento. El juzgado ya remitió al juzgado una instancia en la que pedía datos sobre los responsables y anticipaba que iba a llamarlos a declarar como investigados (antiguos imputados). Además de la edil Gómez y su hermano, llamará a declarar a la actual concejal Sandra Sanchez, contratada entonces como responsable el taller de pavimentación.

El juzgado abrió diligencias de investigación, que se basaron exclusivamente en el análisis de la información documental, y archivó el asunto asegurando que los contratos verbales podrían tener validez. La Audiencia Provincial considera, sin embargo, que debían ampliarse las diligencias para completar la instrucción, más allá de la documentación aportada inicialmente, además de subrayar, reseñando resoluciones judiciales, que en el ámbito de la administración pública en ningún caso están admitidos los contratos verbales.

Tras la reapertura del procedimiento acudió a declarar en abril pasado como testigo un funcionario adscrito al área de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) del municipio. El técnico, que supervisaba distintos aspectos del taller, fue el que advirtió con un informe que no podía conformar las facturas que le estaban llegando de empresas suministradoras de material al no cumplir los requisitos mínimos, además de indicar que también existían reparos del área de Intervención.

El técnico solicitó en febrero de 2015 al director del taller que no se encargaran más materiales. Sin embargo, se habrían solicitado -al mismo tiempo o con posterioridad- por valor de 184.000 euros, en suministros fraccionados sin contrato unitario, y al margen de estos informes en contra, según la denuncia. Además el director del taller admitió que se había estado actuando sin contar con un proyecto de ejecución. La actuación habría contado con proyecto a posteriori, firmado por el área de Obras y Servicios, cuando el taller estaba a punto de terminar, poco antes de las elecciones municipales de mayo de 2015.

Las firmas a las que se realizaron los encargos (Transamar del Sureste, Tabisam, Unidepol, Hormigones y Morteros Serrano, Cerámicos Anavar y Áridos y Contenedores Torrevieja) recurrieron en los juzgados de Lo Contencioso el impago de 12 facturas. Algunas han obtenido un fallo favorable -al considerar el juzgado que los trabajos se habían realizado y evitar el enriquecimiento injusto de la administración-. Otras peticiones no han sido estimadas.

En una de ellas, por la vía contencioso administrativo y que debe dirimir el Tribunal Superior de Justicicia al haber sido archivada en primera instancia, se indica que la responsable del taller Sandra Sánchez solicitó materiales por mensajería móvil.

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