Que un ayuntamiento disponga de 100 millones de euros en distintas cuentas bancarias debe ser el sueño de cualquier concejal de Hacienda para mejorar los servicios e infraestructuras de su municipio. Tenerlos y no poder hacer nada con ellos... su peor pesadilla. Es lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Torrevieja. Una administración local que no puede «tocar» ese dinero más que para sufragar deuda a los bancos -algo que hace puntualmente- y abonar todas las facturas y certificaciones a sus proveedores.
¿Cómo se ha acumulado esa cantidad de dinero? Casi una década de restricción del gasto público impuesta por el Estado para evitar la bancarrota del sistema ha generado una importante reserva de liquidez en el Ayuntamiento torrevejense, que ni en lo peor de la crisis perdió sus principales fuentes de ingresos: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) -40 millones de euros anuales- con el refuerzo de la Plusvalía -entre 10 y 20 millones de euros más-, que compensaron caídas de aportes por otros conceptos como las licencias de obra mayor.
¿Por qué no se puede invertir ese dinero más allá de esos dos objetivos? El periodo medio de pago está en unos 70 días, más del doble de lo que la ley permite para que el dinero se destine a otros usos. La «famosa» ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de 2013, que no sabe del funcionamiento interno de los ayuntamientos, deduce que si un municipio no paga dentro de esos 30 días es porque no cuenta con recursos para hacerlo, y por lo tanto, todo el ingreso disponible debe destinarse directamente a ese uso. Pero ese retraso en el Ayuntamiento torrevejense no está provocado -lógicamente- por la falta de liquidez. Se explica en la ausencia de recursos para agilizar una administración colapsada, en la que no llega la administración electrónica -casi todo se hace en papel y casi todo se firma a mano-, y con la mayor prestación de servicios, la recogida de residuos urbanos y limpieza viaria y de playas, sin contrato desde junio de 2016. Además, hace algo más de año y medio el gobierno de coalición de izquierdas que entonces gestionaba el Ayuntamiento, decidió descentralizar la supervisión de los pagos en más de treinta áreas municipales. Antes estaba aglutinado en Intervención. Parecía una buena idea que cada uno se hiciera cargo de su propia tramitación, y se concibió precisamente para agilizar los procesos. Pero ocurrió lo contrario. Se atrasaron. Ahora el área de Hacienda, a cargo del concejal Vicente Chazarra (Partido Popular), está en el proceso de rescatar una parte de esa gestión. Otro factor, más importante si cabe para explicar la demora en el pago es que el principal servicio municipal, «las basuras», se presta sin mediar contrato. Acciona recoge los residuos urbanos en Torrevieja fuera del periodo de adjudicación y prórrogas desde junio de 2016. Son más de 16 millones de euros anuales.
La consecuencia inmediata es que los procedimientos para abonar a empresas que realizan los servicios sin contrato -con omisión de la labor interventora- son más complejos, tardan más porque requieren mecanismos de verificación especiales y la responsabilidad personal en su autorización recae en quienes los autorizan en la junta de gobierno. En el caso de Acciona se trata de facturas millonarias, más de un millón de euros anuales. El periodo medio de pago no se cuantifica ahora solo considerando los días de retraso, también se pondera el volumen de lo que se adeuda. Y con Acciona es mucho aunque el municipio se haya puesto al día en las últimas semanas.
En este escenario la primera barrera para hacer uso del dinero ahorrado tras años de superávit, la deuda contraída con los bancos tras años de solicitudes de préstamos, está a punto de desaparecer. En 2012 superaba ampliamente los 70 millones de euros. Ahora está por debajo de los diez millones -gracias a la gestión de los últimos años- y lo más probable es que -malas noticias para los bancos- quede a cero durante el próximo ejercicio de 2020.
¿Y el pago a proveedores? Llegó a estar por encima de los 120 días de demora, pero ha bajado paulatinamente hasta quedar por debajo de los 70 días.El Ayuntamiento espera iniciar el nuevo año con un plazo que le permita afrontar la no menos complicada fase de emplear buena parte del dinero en proyectos financieramente sostenibles. Proceso exigente, porque la legislación solo permite gastar en esas inversiones si los proyectos se contemplan en presupuesto, se redactan, se licitan y comienzan ejecutarse en ese mismo año. El anterior gobierno no lo hizo, lamenta el edil Vicente Chazarra. Intentarlo ahora es el reto de un ayuntamiento que, por ejemplo, tramita sin éxito desde 2015 adquirir una elevadora de féretros para el cementerio o tardó otros cuatro años en contratar su suministro de folios.
Los depósitos apenas generan intereses
Los depósitos apenas generan intereses Al igual que le ocurre a los usuarios particulares de la banca comercial tener en depósito dinero de una administración en cuentas de los bancos apenas genera intereses. Eso sí, las entidades financieras todavía no han llegado al punto de cobrar por prestar ese servicio, según indica el edil Vicente Chazarra. Ni tan siquiera para el caso de cantidades millonarias el interés generado es relevante, sobre todo para el caso de las cuentas más recientes.
