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Un tribunal exime a Torrevieja de gastarse 9 millones en arreglar una urbanización

El Tribunal Superior de Justicia da la razón al anterior gobierno de coalición y sostiene que el Ayuntamiento no es responsable de conservar «La Torreta III», levantada en los 80 y que arrastra graves deficiencias| El PP prometió en la oposición y en campaña electoral que respaldaría a los vecinos.

Imagen de «La Torreta III», construida a principios de los ochenta junto a la laguna de Torrevieja.

Imagen de «La Torreta III», construida a principios de los ochenta junto a la laguna de Torrevieja. Tony Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado la razón al Ayuntamiento de Torrevieja frente a la reclamación de los vecinos de La Torreta III: el municipio se va ahorrar 9 millones de euros que los residentes exigían a la administración local para abordar la reurbanización del residencial La Torreta III. Eso, de momento, porque la sentencia no es firme y los servicios jurídicos de los vecinos, tal y como ha confirmado INFORMACIÓN, ya están preparando el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La sentencia da carpetazo al asunto señalando que el Ayuntamiento nunca ha recepcionado formalmente la urbanización y por lo tanto no debe responder por sus graves deficiencias. Requisito urbanístico por el que la administración local da cuenta de que la ejecución y las infraestructuras se ajustan al proyecto aprobado a las licencias. Un criterio legal cuestionable porque las sentencias reiteradas del propio TSJCV y otros órganos jurisdiccionales señalan que la recepción tácita ya es un hecho cuando las calles se abren a la circulación o se prestan otros servicios como el alumbrado y el municipio sí considera dentro de su responsabilidad mantener esas zonas.

La sentencia aclara a los demandantes que si la obra urbanizadora "no está terminada, tiene fuertes carencias e incluso, problemas graves de ejecución, en ningún caso se puede hablar recepción tácita", que es lo que argumentan los vecinos. "La terminación de la obra constituye un elemento necesario para que podamos afirmar su recepción; si no hay terminación, nunca podrá existir recepción, ni expresa, ni presunta, ni tácita. Así las cosas, no cabe una recepción tácita sin terminación", reitera.

Los residentes llevan muchos años reclamando que el municipio se haga cargo de la reurbanización de este sector de Torrevieja, levantado entre finales de los setenta y principios de los ochenta, en función de la ley del suelo de 1976, y que es un auténtico despropósito urbanístico, promovido por la empresa MASA y validado por el gobierno socialista que dirigía el municipio cuando se autorizó con una licencia de «apartahotel» -se construyeron un 700 de pequeñas viviendas- y consentido sin actuar para reclamar responsabilidades -con la subsanación de deficiencias- al constructor por tres décadas de gobiernos del PP.

En pleno 2019 la mayor parte de las zonas verdes del residencial no son conservadas por el municipio -son los vecinos los que hacen lo que pueden-; muchas calles no están asfaltadas y la red de suministro de agua potable -de fibrocemento- no puede ser renovado por la concesionaria porque no se reconoce como propio de la red municipal. Todos estos factores han provocado que al deterioro de la propia urbanización se haya sumado el social, con ocupaciones de viviendas abandonadas que en su día adquirieron vecinos de Madrid y el norte de España, además de centroeuropeos y británicos.

Posición

La sentencia deja en una posición comprometida políticamente al equipo de gobierno del Partido Popular. Algo que resulta evidente: «ha ganado» el pleito frente a las reivindicaciones de los vecinos pero no ha hecho público el fallo. El alcalde Eduardo Dolón (PP) se presentó en campaña electoral y durante papel de jefe de la oposición durante cuatro años como principal defensor de las peticiones de estos vecinos, que han acudido puntualmente a las sesiones del pleno municipal para preguntar por la situación del residencial. De hecho, reclamó que se paralizara la aprobación de un presupuesto porque no contemplaba la partida presupuestaria para reurbanizar La Torreta después de la sentencia en el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Elche, emitida a finales de 2017 y exigió, al igual que Ciudadanos, que no se recurriera. Todo pese a que el gobierno de izquierdas insistió en que la sentencia era recurrible, como ha demostrado la resolución del TSJCV.

Cuando asumió el cargo de alcalde Eduardo Dolón tuvo que matizar públicamente que el recurso contra la primera sentencia era una «recomendación» de los servicios jurídicos, heredada del anterior gobierno y que el Ayuntamiento de Torrevieja no podía retirar el recurso en la fase del procedimiento en el que se encontraba. Algo que los abogados de los vecinos no tienen claro. Consideran que el municipio podría haberse retirado de pleito sin problemas.

El PP contempla en su programa electoral un plan de reurbanización de Las Torretas, asumiendo estas reivindicaciones, mientras que el anterior gobierno de izquierdas apostataba por dar una salida urbanística al sector en el nuevo Plan General, a través de un plan de reforma interior, porque cualquier otra alternativa pasaba por aportar contribuciones especiales a asumir por los vecinos. Algo que se cita en la sentencia como la única vía de solución al problema urbanístico.

En este sentido la sentencia es especialmente contundente: "La solución parece que debe actualizarse a través del oportuno diálogo con la administración actuante municipal, y acaso, la vía urbanística, para este sector específico, sea la del Plan de Reforma Interior,, en el que, desde luego, las obras fundamentales, de acuerdo con el principio de distribución de las cargas, obligaciones, derechos y beneficios del planeamiento, deberán ser financiadas, necesariamente, por aquellos a los que particularmente benefician, en este caso los propietarios de la asociación actora. No pueden los titulares integrados en asociación apelada, (propietarios de los suelos), apropiarse de las plusvalías de la acción urbanística a costa del pago por todos los demás ciudadanos de Torrevieja de una obra urbanizadora que, sólo a esos propietarios afecta". Es decir, los vecinos de Torrevieja no tienen por qué deben cargar con la reurbanización del sector.

Los propietarios alegan que han aportado a las arcas municipales sus impuestos durante todos estos años, en especial el IBI, para recibir servicios básicos de los que carecen y el TSJCV replica que el suelo es urbano desde 1983 y todos los suelos urbanos pagan IBI al margen del estado del residencial.

El Ayuntamiento, en aquel momento bajo mandato del alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes), decidió recurrir argumentando que la responsabilidad principal en esta situación era del promotor. Un empresario que construyó un residencial de calidad ínfima, nunca recepcionado por el municipio y ejemplo a nivel nacional de lo que no se debe hacer en urbanismo.

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