La Fiscalía pide 5 años de prisión para el exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, por un delito de cohecho por aceptar un coche que le regalaron dos empresarios y que fue pagado con dinero público, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. Los hechos datan del julio de 2005, cuando los dos empresarios, también investigados en la causa, adquirieron un Volkswagen Toureg, por 65.000 euros, que fue abonado «con 7 pagarés, seis de ellos de 6.000 euros y uno por valor de 25.000, los cuales fueron facilitados por Moya y figuraban emitidos por el Ayuntamiento de Bigastro», señala la Fiscalía.
Una vez consumada la compra, «entregaron gratuitamente el citado vehículo a Moya», alcalde de la localidad en esas fechas, «quien lo inscribió a su nombre en la Jefatura Provincial de Tráfico». El objetivo de la dádiva, según la Fiscalía, era que el regidor «facilitara la adjudicación y posterior pago, incluso incumpliendo de una forma aberrante las prescripciones legales, a la empresa que representaban o a ellos mismos como empresarios individuales, cuantos contratos fueran posibles». De hecho, la Fiscalía señala que la relación venía de lejos, ya que «en fechas inmediatamente anteriores ya había ejecutado hechos similares».
El fiscal señala que los pagarés que se emitieron para comprar el coche, eran, en teoría, para pagar servicios de construcción y mantenimiento realizados por esta empresa y valorados en 122.196,65 euros. Unas adjudicación que «carecían de cualquier control documental y de fiscalización del gasto ni tampoco constaba supervisión técnica de la prestación de servicios».
Además, con posterioridad al regalo, el Ministerio Público sostiene que la mercantil administrada por los otros dos acusados, logró diferentes adjudicaciones contractuales por un importe de 224.637,82 euros. La Fiscalía concluye en su informe señalando que Moya acabó vendiendo el vehículo dos años más tarde y, con el beneficio, obtenido, se compró otro turismo.
«Un montaje»
El Ayuntamiento de Bigastro también se ha personados en esta causa como acusación particular y, si bien de adhiere a la pena pedida por la Fiscalía para los tres acusados (el exalcalde y lo dos empresarios), les imputa un delito de fraude y exacción ilegal, por lo que pide otros tres años más de prisión para cada uno. En el escrito de acusación asegura que la relación de trabajos aportada por las defensas durante la instrucción para justificar las obras que dieron origen al pago de los pagarés «es un montaje que se efectúa por los acusados como consecuencia de los requerimientos de la Guardia Civil».
Además, el Ayuntamiento incrementó el valor de los contratos otorgados a la mercantil por parte del Ayuntamiento hasta los 803.388,83 euros, pues «no son chapuzas u obras menores, como ha pretendido dar a entender de forma confusa la defensa y los acusados, sino obras de urbanización».
El juicio estaba señalado para el martes 10 de diciembre, pero se ha suspendido al haber pedido una de las partes la recusación de una de las juezas del tribunal, lo que está en trámite, por lo que no se señalará hasta que se resuelva.
