«Si Mónica Lorente (PP) cometió prevaricación encargando informes y pagando facturas sin contrato a Fenoll, también lo hicieron Antonia Moreno (PSOE) y Monserrate Guillén(Los Verdes)». La abogada de la exalcaldesa popular expuso ayer su informe de conclusiones finales en el juicio del caso Brugal, que investiga un presunto amaño en la contrata de basuras de Orihuela. Y lo hizo con amplias referencias no solo a la gestión de Lorente como concejal primero, y como alcaldesa después, sino a ediles de la oposición, a los que acusó incluso de «faltar a la verdad en este plenario» cuando prestaron declaración como testigos de la Fiscalía.
Tanto el Ministerio Público como la acusación particular acusan a Lorente de retrasar el contrato para favorecer a Fenoll, y aprobar el pago de facturas a su mercantil por servicios prestados sin contrato, así como en la adjudicación, finalmente, de mercantiles propiedad del empresario oriolano. «No entendemos por qué se acusa a Mónica Lorente. Hasta junio de 2007 era una concejal más, sin voto en la mesa de contratación. También lo eran Moreno y Guillén y hay gestiones, como la petición de un informe a la Universidad Politécnica de Valencia, que se aprobaron por unanimidad. ¿Por qué Lorente tiene una intención perversa en esas actuaciones que no tiene el señor Guillén?», manifestó la abogada de Lorente, María Sansano.
La letrada depuso durante cerca de hora y media por qué, a su juicio, la exacaldesa debe ser absuelta de los cargos que se le imputan y por los que se le piden ocho años de prisión. Así, rechazó que, tras su llegada a la Alcaldía en junio de 2007, quisiera favorecer al empresario aprobando, en el primer pleno del mandato, facturas que pertenecían a Colsur, y que se emitían con reparo que había que levantar con decreto.
La letrada defendió que, desde que tomó posesión hasta ese primer pleno, «firmó 1.200 decretos, no solo esos. Los hemos contado uno a uno. Y los firmó porque aunque efectivamente el interventor ponía reparos a esas facturas, en el siguiente renglón recomendaba el pago para no caer en el principio de enriquecimiento injusto». Según la abogada, «ya había sentencias de un contencioso que obligaban a pagar 800.000 euros de intereses de demora por retrasos en pagos» en concepto de recogida de basuras, y recordó que los reparos eran «por ausencia de contrato desde hacía 11 años».
La defensa de Lorente también rechazó que debiera favores al empresario por haber tirado de sus influencias para colocarla como candidata a la Alcaldía del PP, y aludió a su carrera política: «Con 16 años fue nombrada presidenta de Nuevas Generaciones y con 18 ya era secretaria general. Ha sido miembro de la ejecutiva regional y nacional del partido, aunque su máxima aspiración era ser alcaldesa de su ciudad. Mónica Lorente no le debe nada a nadie, solo a su esfuerzo personal y al partido que le permitió llegar donde llegó».
La letrada insistió en el que pago de facturas a las empresas de Fenoll, sin contrato, estaban justificadas porque se había prestado el servicio y si no se pagan se incurriría en otra ilegalidad.
En este sentido, volvió a «cargar» contra Antonia Moreno, quien declaró como testigo el pasado mes de julio. «Le preguntamos a la señora Moreno si en una junta de gobierno en 2012 aprobó hasta 4 millones de euros en facturas con reparo y dijo que sí. ¿Quiere decir esto que lo que hizo Moreno es prevaricación y un delito continuado? Si el reparo se puede levantar y evitar el enriquecimiento injusto, no es responsable de ningún delito ni Moreno ni Lorente».
Trato de favor
Por último, la defensa de la exalcaldesa expuso dos argumentos más que la exculparían. El primero fue que no había trato de favor para Fenoll porque, de ser así, «no habría estado comprando empresas para presentar dos ofertas, se le habría adjudicado y ya está».
Y el segundo se dirigió contra la forma de proceder del Ministerio Público, que «no la imputó hasta 2012 cuando en los años 2007 y 2008 escuchaba todos lo que pasaba, esos supuestos delitos, en tiempo real», gracias a los pinchazos telefónicos. Conversaciones, por otra parte, en las que Lorente no aparece ni una sola vez como interlocutora. «Llegados a este punto, no es que yo defienda la intromisión ilegítima en la vida privada de nadie pero me pregunto si no habría sido lo mejor (que le pincharan el teléfono). Así no se habría basado el relato de la acusación en hipótesis y conjeturas».
