El Consorcio comarcal de residuos tiene almacenado desde septiembre en una nave el ecoparque móvil que adquirió por 150.000 euros para la recogida selectiva de residuos en 27 municipios y las campañas de concienciación y sensibilización de la población. Este ecoparque, adquirido a mediados de 2017 y puesto en marcha a finales de 2018, se había convertido en una de las escasas muestras de gestión real de los residuos comarcales para un organismo público que ha cumplido 14 años sin poder adjudicar equipamientos de gestión de residuos como un vertedero de eliminación, plantas de reciclaje, de transferencia o ecoparques fijos.
Este consorcio público, se creó a finales de 2005 con representación de todos los municipios, la Diputación y la Generalitat, como desarrollo de ley valenciana de residuos. Apenas ha salido del bloqueo judicial desde entonces: primero por la investigación de la trama de adjudicaciones fraudulentas del caso Brugal, que afecta de lleno a la empresa que resultó adjudicataria del servicio Cespa (Ferrovial) -Ortiz en 2008, que debería haber puesto en pie toda la gestión comarcal desde de eliminación de basuras. Un asunto que sigue en instrucción judicial más de una década después de iniciarse su investigación. El Consorcio rescindió el contrato con Cespa-Ortiz en 2015 por parte del Consorcio, no por el Brugal si no por el rechazo de Albatera a la implantación del vertedero previsto en su término, recurrida y ganada por Cespa ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV). El expresidente del Consorcio, el alcalde Manuel Pineda (PSOE) explica que fue durante su mandato cuando se puso en marcha el servicio del ecoparque y que es la nueva presidenta, Teresa Belmonte, alcaldesa de Bigastro (PP), la que debe tramitar esa adjudicación.
Belmonte, por su parte, explica que «se ha encontrado» con esta situación, sin poder emplear el ecoparque, y tampoco cuenta con campaña institucional de comunicación, que se desarrollaba a la par que las visitas itinerantes de la instalación. Ambas contrataciones están tramitando ahora por parte de los servicios técnicos. La campaña de comunicación de Navidad se adjudicará mediante de un contrato menor, mientras que la adjudicación de la gestión del ecoparque móvil va a ser más compleja.
En tramitación
El consorcio presentó este ecoparque como «una estación ecológica multifuncional que para dar servicio a los 27 municipios de la Vega Baja con la finalidad de que los ciudadanos «puedan seleccionar y depositar aquellos residuos domésticos especiales que no deben ir con la basura normal, facilitando así su reciclaje y posterior vuelta al ciclo de producción». Comenzó su andadura el 10 de diciembre de 2018 y durante seis meses, prorrogados otros tres más, se mantuvo de forma itinerante en todas las poblaciones, en turnos de mañana y tarde, para que los vecinos de la comarca pudieran depositar residuos de difícil eliminación por cauces convencionales, por ejemplo móviles, aceites, pilas, cartuchos de tinta, entre otros. Esos desplazamientos se combinaban con campañas de concienciación.
Este ecoparque y el proyecto público de planta de transferencia de residuos -para el que acaban de terminar las obras de acceso y adecuación de la parcela- eran las dos únicas actuaciones que el procedimiento judicial ha permitido que el consorcio aborde durante los últimos años. La comarca sigue «exportando» y eliminando sus basuras a precio de oro para los presupuestos de los ayuntamientos -y sus vecinos-, tras el cierre del vertedero de Abanilla-Orihuela, también salpicado por el Brugal.
