Miles de padres de la Vega Baja exigen al Consell derogar la Ley de Plurilingüismo

La protesta fue respaldada por unos 15.000 participantes, según la Policía Local y 20.000, estimaron los convocantes, el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, y madres procedentes de toda la comarca, pero también del resto de la provincia - por ejemplo APAs de Santa Pola- acudieron a la manifestación. En cualquier caso una de las más multitudinarias que se recuerdan en Orihuela y la Vega Baja en las últimas décadas, solo equiparables con las movilizaciones de Pro-Río o Pro-Hospital de los años ochenta y noventa. Los principales representantes del Partido Popular, Vox y Ciudadanos a nivel autonómico también acudieron -eso sí, cada uno por su lado para evitar una foto de bloque conservador-; así como los alcaldes de todos los ayuntamientos gobernados por el PP y Cs en la Vega Baja. Jalonaban a Isabel Bonig, Emilio Bascuñana y Eduardo Dolón, además del alcalde de Alicante, Luis Barcala, mientras que el portavoz en las Cortes Valencianas, Toni Cantó y la diputada nacional Marta Martín encabezaban la representación de Cs y la diputada autonómica Ana Vega, la de Vox. Solo el alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo (PSOE), acudió como cargo destacable de los partidos que forman el gobierno del Botànic y que aprobaron la ley. También había presencia de militantes históricos de base del PSOE.

En el manifiesto final, leído en un escenario ubicado junto al Ayuntamiento por la portavoz de los padres Sonia Terrero se reclamó la derogación de la Ley de Plurilingüismo por «imponer» la enseñanza de valenciano en un sistema educativo, valoran, que no está preparado para impartir ni esa materia ni el inglés. Terrero dijo que la movilización «acaba de empezar» y que se trasladará con nuevas convocatorias a Castellón, Alicante y València. Y a Madrid, «al Congreso de los Diputados, si es necesario». Los padres y madres acusaron ayer a la Conselleria de Educación de «mentir» para desmovilizar la protesta. Aunque en los lemas no se olvidaron del conseller Marzà sus principales ataques fueron contra el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, que ha ejercido de «apagafuegos» en las últimas semanas con reuniones con representantes políticos y asociaciones de padres. Las plataformas de padres reclaman que las promesas sobre la flexibilización de la aplicación de la ley desde septiembre se articulen por «escrito», incluso con un cambio en la ley vigente. Esas promesas señalan que solo se aplicaría en primero de Secundaria y sobre un porcentaje de horas lectivas y materias limitado y adaptado a los centros. Los padres -y también muchos profesores y organizaciones cívicas de la comarca- quieren tener una garantía legal de que efectivamente va a ser así, y por ese camino, matizo Terreros, «se podría empezar a hablar». Soler aseguró en declaraciones a INFORMACIÓN que la ley «no se va a modificar acudieran mil o 200.000 manifestantes» a Orihuela.

Tribunales y pactos

En el mismo manifiesto aseguró que «no es cierto» que no se estén produciendo «problemas» en la aplicación de esta misma ley desde hace dos cursos en todo el ciclo de Infantil y Primaria. Aunque no ha generado las mismas movilizaciones. En el documento final, leído cuando buena parte de los manifestantes todavía enfilaban la Plaza Nueva, se pidió aplicar «el derecho del artículo 27 de la Constitución, en el que se reconoce la libertad de enseñanza, reconocido también por la Organización de las Naciones Unidas, que afirma que los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos».

Por su parte, Isabel Bonig volvió a reiterar su ofrecimiento a los padres para poner a su disposición los servicios jurídicos del PP. La presidenta popular en la Comunidad, aseguró que tras la «masiva respuesta ciudadana contra la imposición lingüística», espera que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, le llame «para pactar una nueva ley».

La diputada autonómica de Vox, Ana Vega le recordó a la líder popular que fue este partido el que «impuso» el requisito lingüístico en la administración en 2012 y le recomendó «dejar de darse golpes de pecho porque miente» al animar a plantear recursos genéricos contra la ley ya no es posible, dijo, recurrir su inconstitucionalidad.