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La comisión de las Cortes sobre la gota fría que arrasó la Vega Baja fiscalizará a la Confederación del Segura

Los socios del Botànic y el PP coinciden en la necesidad de crear una hoja de ruta que permita reducir el impacto social, económico y medioambiental que sufre esta comarca alicantina

Efectos de la DANA en la Vega Baja, durante el pasado mes de septiembre. TONY SEVILLA

De una crisis se pueden sacar muchas oportunidades. La gota fría que asoló la Vega Baja en septiembre ha sido un motivo de peso para que los partidos políticos hayan hecho un frente común y, al menos por una vez, estén dispuestos a remar en la misma dirección. Todos, excepto Vox. Por encima de banderas, los diputados autonómicos han querido evidenciar que no vuelven la cabeza a fenómenos climatológicos tan dramáticos y tan recientes como la gota fría de septiembre o la semana pasada la borrasca Gloria que dejó 13 muertos, cinco de ellos en la Comunidad Valenciana, y causó graves destrozos e inundaciones. En seis meses nuestro territorio ha vivido dos episodios que se han llevado por delante cultivos, infraestructuras y vidas humanas. Una clara evidencia de la vulnerabilidad de este territorio a los impactos del cambio climático. Con el objetivo de poner luces largas para analizar los efectos climáticos en la Vega Baja, la comisión especial de las Cortes Valencianas, que se constituirá hoy de forma simbólica en Orihuela, estudiará los riesgos de las inundaciones en la zona cero del temporal de septiembre. Tanto los partidos que sustentan el Botànic como PP y Ciudadanos quieren evitar la confrontación y huír de sacar rédito político a la tragedia. Aseguran que ha llegado el momento de alcanzar un consenso político para mitigar la crisis climática.

A petición de Compromís, que presidirá este órgano, la comisión de estudio fue aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto los ultras. Todos mostraron su voluntad por analizar cómo se ha realizado la gestión hídrica, territorial y urbanística que afecta a la Vega Baja durante las últimas décadas. También conocer las causas y el alcance de las inundaciones, así como el valor económico de los daños producidos y estudiar las actuaciones que se deben hacer por las diferentes administraciones públicas. Fue una solicitud de la Diputación de Alicante tras un acuerdo unánime de los diputados provinciales para instar a las Cortes a analizar la gestión de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), así como de otras instituciones competentes.

Además de académicos y especialistas en climatología, vertebración y ordenación del territorio, la comisión también citará a los responsables de la CHS, como pidió la institución provincial a principios de octubre. La pieza clave, sin duda, parece la del presidente de la Confederación del Segura, Mario Urrea, sobre el que se ciernen gran parte de las dudas sobre el caos que generó el temporal. El papel de la Confederación alimenta todas las dudas sobre la posibilidad de que, al menos, una parte del gran impacto se pudiera haber evitado. Para los vocales de la izquierda en este foro, gran parte de las críticas se centran en un urbanismo mal planificado durante años, el pésimo mantenimiento de los cauces de ríos y cursos del agua, el diseño en la red de infraestructuras o la ordenación del territorio.

La diputada de Compromís Aitana Mas presidirá esta comisión de estudio con la finalidad de crear una hoja de ruta para abordar cuestiones como el urbanismo, el agua o el cambio climático para mitigar las consecuencias de los temporales. «No tenemos competencias sobre las confederaciones pero sí pediremos que acudan para resolver dudas o pedir datos», aseguró Aitana Mas, quien añadió que «hoy más que nunca destacaría la necesidad de la comisión. Vivimos temporales con mucha más asiduidad, más virulentos y creo que debemos pararnos a analizarlo». El socialista Manuel Pineda está de acuerdo en focalizar el problema en la Vega Baja «por el abandono que ha sufrido por parte de las administraciones hasta hace unos años», añadiendo que «debemos revisar las actuaciones de las administraciones con competencias a lo largo de los años. Además de la Confederación del Segura, hay que valorar lo que se ha hecho en el pasado y lo que jamás se podrá volver a hacer». Coincide Beatriu Gascó, diputada de Podemos, en asegurar que «más allá de las medidas para reducir las emisiones de CO2, también debemos prepararnos para saber qué hacer o qué no hacer de cara al cambio drástico en los regímenes pluviométricos, de temperaturas y de vientos que estamos ya viviendo».

Más allá del previsible consenso entre PSPV, Compromís y Podemos, también PP y Ciudadanos han admitido la importancia de iniciar un estudio, sin cortapisas, y revisar la actuación de la Confederación Hidrográfica del Segura. Los diputados José Císcar (PP) y María Quiles (Ciudadanos) quieren que la tragedia no se quede en el olvido y reconocer la Vega Baja como un territorio con características específicas. Miguel Pascual, diputado de Vox, ha criticado que la comisión no es legislativa, por lo que considera que la fuerza que pueda tener está condicionada a los intereses de la izquierda.

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