La Asociación de Vecinos «San Miguel Arcángel» ha instado a la Conselleria de Agricultura a que inicie «de manera inmediata, el prometido deslinde y amojonamiento de cuatro kilómetros aproximados de la vía pecuaria de Escalona durante su transcurso por el entorno de las urbanizaciones Mirador de San Miguel y Ciudad de las Comunicaciones».

En octubre de 2019, la dirección general del Medio Natural de la Conselleria Agricultura aceptó la recomendación de la Sindicatura de Agravios, ante una queja interpuesta por la asociación de vecinos y vecinas de San Miguel, el inicio, de oficio, del deslinde de un tramo de la Colada de Escalona. «Han transcurrido casi cuatro meses desde el acuerdo de inicio y la asociación de vecinos, personada en el procedimiento, no ha recibido notificación alguna del inicio de la actuación», indica el colectivo vecinal.

La asociación denunció ante la Conselleria de Agricultura, organismo gestor de las vías pecuarias, un total de 14 incidencias en este tramo de la vía pecuaria de Escalona, como construcción de residenciales, puertas, muros, carreteras, embalses, campos de cultivo y un largo etcétera, que, a juicio de la asociación, «privatizan y obstaculizan o impiden el paso por estos viales». La Conselleria se inhibió «de su responsabilidad, en primera instancia, y resolvió que, si era de interés de la asociación, se solicitara el deslinde a cargo (económico)de la propia entidad vecinal». Un coste económico que es el que trata de eludir la administración en este tipo de expedientes.

Al contrario de lo que ocurre en las provincias de Castellón y València, en Alicante la mayor parte de estas vías pecuarias, protegidas por una ley estatal desde mediados de los setenta, no están deslindadas, no solo por la necesidad de desplegar recursos humanos y técnicos, también por evitar la presión de propietarios privados y constructores. La resolución del Síndic recuerda al Consell que «las vías pecuarias son bienes de dominio público de las comunidades autónomas y, en consecuencia inalienables, imprescriptibles e inembargables» y «aunque -dice el organismo autonómico- las vías pecuarias son las rutas por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios acordes con su naturaleza y sus fines» (paseo, cabalgada, cicloturismo) «inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural».

La Generalitat, concluye el Síndico, tiene el «derecho y el deber de investigar, tanto desde el punto de vista histórico como administrativo, la situación de los terrenos que se presuponen pertenecientes a las vías pecuarias a fin de determinar la titularidad efectiva de las mismas».

Cinco vías pecuarias surcan el término municipal de San Miguel de Salinas. Estos caminos ganaderos, clasificados y cartografiados desde febrero de 1993, equivalen a una longitud de 33.651 metros. «Sin embargo, este patrimonio público no ha sido deslindado ni amojonado ni, por tanto, inmatriculado en el registro de la propiedad», según los vecinos. Esta situación, con el paso del tiempo, «ha dado lugar a una gran número de incidencias, entre otros, por parte de los propietarios de las fincas colindantes que bloquean, obstaculizan, impiden el paso o usurpan unos terrenos de uso y dominio público».