El Ayuntamiento de Bigastro ha iniciado un procedimiento de expropiación de 1.785 metros cuadrados de suelo. Nada fuera de lo normal para una administración local que requiera sin más alternativas de unos terrenos para uso dotacional o de equipamiento y que estén en manos privadas. Lo llamativo es que lo hace para hacerse con la propiedad de parcelas que ya ocupa ilegalmente desde 1983 y que incorporó al campo de fútbol y zona deportiva municipal.
Como avanzó INFORMACIÓN. la Audiencia Provincial anuló la compraventa de un suelo de huerta tradicional que finalmente terminó en manos del Ayuntamiento. El municipio los adquirió, a través de un tercero, para completar los terrenos que requería para sus instalaciones deportivas, pero la venta se realizó sin la autorización de todos los propietarios, según la resolución judicial.
La alcaldesa Teresa Belmonte (PP) mantiene que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de principios de la década pasada consideró esos suelos como de equipamiento deportivo público porque la propiedad del suelo no estaba en cuestión en aquel momento. Por lo tanto, a su juicio y el de los técnicos del Ayuntamiento, el único instrumento jurídico y urbanístico para regularizar la situación es la expropiación. En este tipo de procedimiento propietarios y expropiadores deben ceñirse al precio que fije el jurado provincial de expropiación.
Los propietarios tienen una visión bien distinta de la situación, porque la sentencia no da margen a la interpretación. Los suelos deben ser devueltos, sin más trámites, al margen de que esa medida pueda alterar el funcionamiento de las dependencias públicas. No contempla ni la expropiación, ni la permuta por suelos de valor equivalente, ni acuerdos económicos de compensación.
No obstante, el Ayuntamiento convocó a los afectados a una reunión para intentar acercar posturas y que el municipio pudiera evitar entregar el suelo -que es lo que les dice la sentencia- a través de un acuerdo extrajudicial.
El Ayuntamiento, según las mismas fuentes, ofreció 7.000 euros por esos 1.785 metros ahora considerados de equipamiento y más de treinta años de ocupación fraudulenta por parte del municipio. Los afectados se levantaron de la mesa inmediatamente.
Por su parte, la alcaldesa Belmonte asegura que los titulares de la parcela solicitaron una cantidad inasumible para las arcas municipales. Una cifra que no ha desvelado, pero tampoco detalló la primera edil qué importe ofertó el municipio a los propietarios.
Inscripción registral
El Ayuntamiento fue condenado a devolver esos 1.785 metros cuadrados tras una sentencia de la Audiencia Provincial de principios de 2019. No cabía recurso. La sentencia prueba que en 1983 los terrenos fueron vendidos por un tercero ajeno a la familia de los propietarios pese a que existía una inscripción registral que impedía disponer de ellos y que ni el vendedor ni el Ayuntamiento, en aquel momento gobernado por el socialista José Joaquín Moya, respetaron. La familia Castaño logró esta resolución judicial tras 12 años de pleito y un archivo en primera instancia.
Los propietarios insisten en que el juzgado ya ha autorizado que un perito contratado por los demandantes amojone sobre el terreno la parcela afectada sin que el Ayuntamiento pueda hacer uso de ella. Además de ese suelo, la familia recupera otros vendidos en esas mismas fechas a más particulares en esta zona de huerta de Bigastro. La petición de ejecución de la sentencia solo contempla la restitución de la finca original, en ningún caso su valoración económica o permuta por otros suelos.
El fallo de la Audiencia declara nulo el contrato de compraventa con el Ayuntamiento, aprobado en el pleno del 30 de diciembre de 1983. Ese acuerdo alteró las inscripciones registrales de la fincas que ahora también deben restituirse, sin ningún otro acuerdo de compensación.
La administración local solo «tiene derecho» a que le devuelvan lo que abonó más intereses al «vendedor»: 450.000 de las antiguas pesetas más intereses; es decir 2.704 euros más intereses desde 1983, que ascienden a 5.861. En total 8.386 euros. Una cifra discreta porque el Ayuntamiento los compró a precio «de huerta tradicional», pero ahora son urbanos y de equipamiento deportivo.
