Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Abogados, fiscales y procuradores rechazan la decisión de un juez de Orihuela de retomar los juicios presenciales

El Colegio de Abogados advierte que no existe un protocolo para reiniciar la actividad judicial y que la decisión puede incumplir las medidas sanitarias de prevención de garantía para los ciudadanos y profesionales

Imagen del acceso al Palacio de Justicia de Orihuela / Foto Tony Sevilla.

Abogados, procuradores y fiscales han rechazado la decisión del juez de Primera Instancia 3 de Orihuela de celebrar juicios presenciales desde este lunes 11 de mayo y señalar vistas para toda esta semana. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV), que conoce las quejas, no se ha pronunciado. Los jueces tienen autonomía para resolver sobre el funcionamiento de las salas de las que son responsables.

La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Orihuela se ha pronunciado sobre este asunto con un acuerdo en el que indica que la decisión del titular del juzgado Antonio Morente Espinosa «pudiera» contravenir «no solo las disposiciones de las diferentes resoluciones dictadas por el Gobierno como consecuencia del estado de alarma por Covid-19, sino además incumplir las medidas sanitarias de prevención y garantía para los ciudadanos y profesionales».

El Colegio de Abogados de Orihuela ha sido especialmente contundente a la hora de pronunciarse en contra de esta decisión y ha trasladado ese acuerdo al juez titular del juzgado de Primera Instancia Número 3, el juez decano de Orihuela, presidente de la Audiencia Provincial y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Por su parte, los fiscales decidieron no acudir el lunes a las vistas con lo que deberían declararse nulas, aunque el juez siguió celebrándolas, según fuentes cercanas al Palacio de Justicia.

Además considera la junta de gobierno que lo "procedente para la reactivación de la actividad judicial en el partido de Orihuela sería que se hiciese de forma unificada por todos los juzgados de la Ciudad una vez que se fijen e implanten medidas de seguridad colectiva necesarias, que ofrezcan seguridad jurídica a todos los intervinientes en los procedimientos" tal y como prevé el acuerdo del juez decano del pasado 8 de mayo. Algo que debe garantizar al mismo tiempo, recuerdan, la tutela judicial efectiva y la salud de quienes acudan a la sede judicial, ya sean funcionarios, profesionales o partes personadas en los procedimientos.

El escrito del colegio recuerda que "resulta clara la inexistencia de protocolo para el uso de sala de vista, pautas para el desarrollo de actuaciones telemáticas, implantación de medidas de seguridad colectivas de ningún tipo" por lo que los criterios "adoptados unilateralmente por un juzgado -interpretan- no podrán entrar en vigor, ni ser efectivos antes de que se alce la suspensión de plazos y actuaciones procesales por el Consejo General del Poder Judicial tras la declaración del estado de alarma y estén implantadas las medidas de seguridad colectivas mínimas".

El juez que ha adoptado la decisión de celebrar juicios ha protagonizado algunas decisiones polémica en otros juzgados de la Región de Murcia donde ha ejercido en los últimos años.

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats