Abogados, procuradores y fiscales han rechazado la decisión del juez de Primera Instancia nº 3 de Orihuela de celebrar juicios presenciales desde el lunes 11 de mayo y señalar vistas para toda esta semana. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV), que conoce las quejas, no se ha pronunciado. Los jueces tienen autonomía para resolver sobre el funcionamiento de las salas de las que son responsables. La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Orihuela se ha pronunciado sobre este asunto con un acuerdo en el que indica que la decisión del titular del juzgado Antonio Morente Espinosa «pudiera» contravenir «no solo las disposiciones de las diferentes resoluciones dictadas por el Gobierno como consecuencia del estado de alarma por Covid-19, sino además incumplir las medidas sanitarias de prevención y garantía para los ciudadanos y profesionales».
El Colegio de Abogados de Orihuela ha sido especialmente contundente a la hora de pronunciarse en contra de esta decisión y ha trasladado ese acuerdo al juez titular del juzgado de Primera Instancia Número 3, el juez decano de Orihuela, presidente de la Audiencia Provincial y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Por su parte, los fiscales decidieron no acudir el lunes a las vistas con lo que deberían declararse nulas, aunque el juez siguió celebrándolas, según fuentes cercanas al Palacio de Justicia.
El Colegio de Abogados recuerda que no existe todavía un protocolo que regule la celebración de vistas telemáticas o tramitación en sede judicial con la adopción de las medidas sanitarias que «prudencialmente» se fijen por el grupo de trabajo que ya ha propuesto el juez decano de Orihuela y entienden «que no se podrá señalar, ni celebrar ninguna actuación judicial relativa a vista, comparecencias, juicios, salvo las consideradas urgentes o inaplazables por el Consejo General del Poder Judicial». Al juez Morente le anteceden algunas decisiones con polémica en juzgados de la Región de Murcia.
