El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante ha ratificado la suspensión del embargo de Suma Gestión Tributaria hacia el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, por la liquidación que realizó el Ayuntamiento de Callosa de Segura en 2017 por la parcela afectada por los trabajos de construcción de las vías del Tren de Alta Velocidad, y que cifró en 1.998.287,98 euros. Adif no contestó en su día al requerimiento del pago reclamado por el consistorio y este lo envió por la vía de apremio de deudas a Suma, que notificó el embargo de sus cuentas, tal y como dio luz verde un juzgado en 2018. Sin embargo, Adif reclamó judicialmente y solicitó la suspensión del embargo, que le fue concedida en mayo de 2019. Y en enero de este año, aunque no se había conocido hasta ahora, el juzgado vuelve a dar la razón a Adif y ratifica la suspensión del pago de casi dos millones.
Se suspende así el cobro de la liquidación realizada por el anterior equipo de gobierno (PSOE, EU y Somos) por la extracción de piedra para la construcción del túnel del AVE. El organismo ferroviario, dependiente del Ministerio de Fomento, solicitó ante el Juzgado la suspensión de la resolución dictada el 30 de noviembre de 2017 por la que la Concejalía de Hacienda liquidó a Adif casi dos millones de euros al entender que se había enriquecido injustamente, y por vía de hecho, de la extracción de, al menos, 291.208,60 de metros cúbicos de piedra de la sierra que posteriormente fueron utilizados para la construcción del propio túnel por el que atravesará la sierra el tren de alta velocidad.
El ministerio solo pagó al municipio los 4.900 euros por el justiprecio de la expropiación acordado en 2010, y aprobado por el entonces gobierno encabezado por el ex alcalde popular Javier Pérez. En total la superficie afectada es de 77.531 metros cuadrados que Adif ocupó con carácter permanente para la ejecución de esa obra. En 2012 se firmó el acta de expropiación forzosa y se abonó al Ayuntamiento el justiprecio acordado, pero, dos años después, el arquitecto municipal estimó que el valor del terreno realmente afectado, sin contar la explotación del mismo y descontando la parte expropiada, así como el valor estimado de los beneficios obtenidos por la extracción del material pétreo, ascendía a una cantidad que se alejaba muchísimo de lo abonado por Adif, nada menos que a 1.998.287 euros, que Fomento se niega a abonar.
Expropiatorio
La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, señala que Adif llevó a cabo un procedimiento expropiatorio (actuando como administración expropiante, o en todo caso, como beneficiario del expropiante) respecto de una finca de 3.676 m². El Ayuntamiento de Callosa consideró que la afectación a la finca de su propiedad fue mayor e inició un expediente indemnizatorio para determinar el daño causado a sus propios bienes. «Pues bien, siendo el Ayuntamiento un simple expropiado a los efectos de la LEF de 1954, cualquier discusión debió hacerse en el seno del procedimiento expropiatorio. Es más que dudoso que un simple expropiado pueda "autoliquidarse" y cobrar de manera forzosa el coste que le corresponde en concepto de expropiación», indica el juzgado.
Para el juez, «la actuación municipal dista mucho de ajustarse a los cauces previstos por la LEF de 1954. Esto lo ha hecho el Ayuntamiento por ser administración pública, poniendo en marcha unas potestades públicas que no podría utilizar ningún otro sujeto particular expropiado, y que es muy dudoso que puedan utilizarse para ese fin». Por tanto, prosigue la sentencia, la actuación del Ayuntamiento «nace claramente viciada y es de una más que dudosa legalidad». Y también critica la «pasividad» de Adif, que ha dado lugar a actos administrativos firmes y consentidos, que ahora no es posible revisar, ya que indica que tanto el decreto como la liquidación que dieron origen a la providencia de apremio y el posterior requerimiento de pago (impugnado en este pleito) fueron correctamente notificadas a la entidad ferroviaria pero los actos administrativos no fueron recurridos ni en vía administrativa ni en sede judicial.
El alcalde de Callosa de Segura, Manuel Martínez (PP), critica que el anterior gobierno incluyera en los presupuestos de 2018 los casi 2 millones de euros que quería liquidar a Adif, sin haberlos recibido. «La sentencia es demoledora para los intereses de Callosa y es otra muestra mas de la venta de humo constante del anterior tripartito que ha quedado en nada, y desgraciadamente, este proceso no ha terminado por lo que no descartamos que se pudiera condenar en costas, y muy altas por cierto, al Ayuntamiento. Es muy grave, porque el anterior gobierno llegó a incluir una partida de 2 millones de euros de ingresos en los presupuestos, lo que supuso unas cuentas irreales y un superávit ficticio que llevamos arrastrando años, cuando sabían que era irreal».
