La alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte (PP) se ha visto obligada a acatar la orden judicial de ejecución de sentencia y proceder al pago por parte del Ayuntamiento de 1.035.000 euros a la empresa promotora local Giesco. Estos empresarios entregaron esta aportación a mediados de la década pasada por la compra de unos suelos municipales en la zona de La Pedrera como urbanos, pero donde luego el Ayuntamiento anuló el plan urbanístico.
De ahí que el juzgado les diese la razón en recibir la compensación con una sentencia firme en febrero de 2018. La regidora ha estado retrasando el cumplimiento de una sentencia firme para satisfacer este abono durante años hasta que el juzgado de Orihuela, que tramitaba el procedimiento, le advirtió con aplicar multas individuales y trasladar su falta de cumplimiento a la Fiscalía.
Tras negar la incorporación de la partida para proceder el abono en los presupuestos municipales de 2018 y 2019, pese a las alegaciones presentadas por los empresarios -que esgrimían una sentencia firme no recurrible-, la alcaldesa solicitó en septiembre de ese año, tras celebrar un pleno extraordinario, los fondos de ordenación del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La solicitud fue autorizada en febrero pasado para que fuera consignada en mayo y pagada en junio.
Los empresarios han explicado a INFORMACIÓN que dos días antes de hacerse efectivo el abono por parte municipal -el pasado 19 de junio - la alcaldesa los reunió para explicarles que el municipio estaba dispuesto a abonar el pago íntegro a cambio de que renunciaran a los intereses. «Parece ser que creía que no conocíamos que ya tenía el crédito y estaba consignado para abonar la deuda e intentó que nos olvidáramos de los intereses, algo a lo que no accedimos», indicó a este diario uno de los empresarios afectados. La misma fuente recordó que la alcaldesa se ha negado a negociar este asunto durante años, y solo contemplaba cumplir con la resolución judicial si mediaba una quita sobre el principal. Incluso, siempre según los promotores, anticipando que nunca cobrarían si no era con esa rebaja -de hasta un 30%, algo que ha logrado con algunos acreedores, mientras que a otros ha accedido a pagar la cantidad íntegra.
El lastre de la deuda
Bigastro sigue manteniendo una de las deudas por habitante más elevadas del país. Es un municipio que no alcanza los 6.800 y debe a los bancos casi quince millones de euros. La deuda por habitante es de 2.178 euros.
La deuda tiene su origen en la caótica gestión económica, que derivaron en procesos legales, del entonces alcalde José Joaquín Moya (PSOE) y de la que no se pudo recuperar el consistorio en sucesivos mandatos, tanto socialistas como populares.
Al contrario de lo sucedido después de la crisis con otros municipios, lejos de reducirse, se han multiplicando los 5 millones en 2008 a los casi 15 actuales con varios años en los que se ha sostenido en 11. De ahí que la alcaldesa haya intentando evitar por todos los medios incrementarla con un nuevo préstamo. Sin embargo, esa estrategia podría derivar en lo contrario, que se haya incrementado el periodo de demora de pago de intereses que reclamará ahora Giesco, estimados en más de 300.000 euros.
