La Generalitat ha otorgado a la empresa fabricante de baterías de coche de Guardamar del Segura autorización ambiental integrada para ampliar su producción hasta los 10 millones de unidades anuales -actualmente fabrica 7,8 millones-. Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones en contra de este visto bueno. En el proceso de elaboración de las baterías utiliza como principal materia prima el plomo. También ácido sulfúrico, carcasas plásticas, agua, electricidad y gas natural.
La administración autonómica ha estimado favorablemente la solicitud de Clarios Iberia S.L. con condicionantes relevantes, según especifica la información pública del procedimiento y el grupo ecologista. El principal es la puesta en marcha de las denominadas técnicamente como «mejores técnicas disponibles» para reducir al mínimo la emisión a la atmósfera de contaminantes: en concreto las de plomo. Los registros oficiales indican que la empresa ha llegado a emitir más de una tonelada de plomo a la atmósfera al año (1.350 kilos en 2011). Las emisiones se han reducido a menos de cien anuales, en los tres últimos años, según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes.
La empresa, filial de una multinacional, comenzó a tramitar esta autorización hace ahora cuatro años, en julio de 2016. Una solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental mediante la que, argumentaba, «se pretende modernizar la producción de óxido de plomo para baterías, mejorando las técnicas de depuración y aumentando la productividad de la fábrica hasta 10 millones de baterías al año».
Sin embargo, según explica el portavoz de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, poco después de comenzar a tramitarse, la Unión Europea endureció la legislación sobre los límites máximos de emisión de contaminantes a la atmósfera y la inversión en tecnología que debe reducirlos. Algo que técnicamente se define como «mejores tecnologías disponibles (MTD) para las industrias de metales no ferrosos». Para la Generalitat, los valores límite de emisión reflejados en su resolución «son acordes a la normativa vigente y según el informe que el Servicio de Protección de la Atmósfera ha emitido durante la tramitación del expediente». Ecologistas en Acción subraya que se podrían haber reducido mucho más.
Esta fábrica de autobaterías desarrolla su actividad desde hace medio siglo y cuenta con una plantilla de unos 300 trabajadores, sobre todo de Guardamar. Se encuentra junto a la N-332 y las instalaciones ocupan 140.000 metros cuadrados de una parcela mayor en la que también se ubican dos depuradoras:una de aguas industriales y otra de aguas convencionales. Está en la zona de influencia de las zonas húmedas de la«Desembocadura y frente litoral del Río Segura», «Hondo de Amorós» y al LIC y microrreserva «Dunes de Guardamar».
Suelo de protección agrícola
La fábrica está rodeada por tres de sus lados de suelos no urbanizables de protección agrícola, de la huerta tradicional mejor conservada de Guardamar en la que se cultivan productos de alimentación -hortalizas y cítricos-. Los ecologistas, personados en el procedimiento desde el principio, aseguran que al margen de la autorización concedida se «deberían analizar los impactos de la actividad sobre esos espacios naturales y sobre la fauna terrestre y marina, así como en los alimentos producidos en su entorno». También consideran que el programa de vigilancia ambiental -fijado por la Generalitat con distintas periodicidades en el control de las emisiones como los vertidos al azarbe- «debería incorporar el control de los niveles de plomo en los suelos y cultivos agrícolas aledaños a la instalación, así como el nivel de plomo de los organismos vivos del medio natural próximo».
Según Ecologistas en Acción el informe del suelo «presentado no es actual y no refleja la situación actual de mismo». En referencia a los vertidos de aguas residuales, la propuesta de la propia empresa explica que los efluentes generados por la mercantil provienen principalmente por las aguas «excedentes del concentrado de lodos de fabricación, derrames y rechazos ocasionados en zona de dilución de ácidos y en la zona de llenado de las baterías».
Estas aguas son conducidas a una arqueta de recogida y posteriormente bombeadas a la depuradora físico-química industrial, mientras que las aguas sanitarias van a parar a una depuradora biológica. Ambos efluentes confluyen en el punto de vertido en el dominio público hidráulico del azarbe de La Rasga, que desemboca en el cauce antiguo del río Segura y el mar. Además, el recinto dispone de canalizaciones de pluviales en toda la parcela, que terminan en la depuradora industrial. La industria cuenta con una autorización de vertido por parte de la Confederación Hidrográfica de 87.000 metros cúbicos anuales. El canon anual que la firma abona por este vertido no llega a 1.700 euros.
Sin respuesta municipal
Además de las restricciones en emisiones a la atmósfera y las que se solicitan para el vertido de aguas -ambas sujetas a controles de la administración periódicos y en el caso de los vertidos también a discreción de la CHS y autocontroles-, la resolución de la Generalitat dispone tomar las medidas necesarias para reducir la contaminación acústica a 80 decibelios como máximo durante el día y 70 en horario nocturno.
El Ayuntamiento de Guardamar, que respalda la actividad económica de la fábrica sin cuestionar su posible impacto ambiental, no respondió al trámite de consulta de la solicitud que la Generalitat le remitió el pasado 20 de abril.
