El alcalde de Callosa de Segura, el popular Manuel Martínez, anunció ayer la creación de una comisión que contará con fuerzas de seguridad y agentes sociales para luchar contra la okupación y la sobreocupación y hacinamiento en los llamados «pisos patera». Esa mesa de trabajo, además, contará con la participación de partidos políticos, administradores de fincas, agentes inmobiliarios y asociaciones vecinales para erradicar la proliferación de viviendas ocupadas de manera ilegal, ante el desespero de sus propietarios, y con el hacinamiento que se produce en viviendas con habitaciones realquiladas sin consentimiento de sus dueños, donde se meten hasta 10 personas en un espacio reducido.
La comisión es el fruto del acuerdo plenario del pasado mes de octubre que, con los votos a favor de PP y Cs, que gobiernan en coalición, y el rechazo de PSOE y EU, aprobó la creación de una mesa de trabajo «para la solución de este problema que es acuciante en Callosa», señaló ayer el regidor. La comisión establecerá los criterios de actuación, dentro del marco legal, que garanticen la convivencia de la población. Contará con la presencia de distintas policías -local, nacional, autonómica y la Guardia Civil-, así como con las concejalías implicadas y agentes sociales como Cruz Roja y Caritas, técnicos municipales, la administración de justicia -a través del decanato de los Juzgados de Orihuela y la Fiscalía-, administradores de fincas, agentes inmobiliarios y asociaciones de vecinos.
El alcalde asegura que «vamos a ser muy sensibles con las situaciones complicadas o dramáticas, por eso es muy importante la participación de las concejalías de Servicios Sociales y Sanidad para aplicar los programas de cuidado e integración, centrada sobre todo en los menores, si los hubiera». Martínez señala que «tenemos un problema serio y muchas quejas de los vecinos» y por eso su equipo de gobierno ha decidido actuar.
Leyes
El alcalde es consciente de que las leyes benefician, en muchos casos, al okupa, y que es muy difícil desalojarlos sin una orden judicial, pero la comisión tratará de buscar las fórmulas legales para conseguir que quienes han ocupado la vivienda ilegalmente se marchen, sobre todo quienes tienen problemas de convivencia con los vecinos. «El Ayuntamiento podrá actuar de intermediario entre el propietario y los okupas y si hay desórdenes públicos tenemos más margen de maniobra para actuar, siempre dentro de la legalidad, pero de manera fuerte e inflexible», explicó ayer al diario.
Las zonas donde más okupaciones de casas se han detectado en el municipio son en el casco histórico, donde abundan las edificaciones antiguas que son las preferidas por estos usurpadores de la propiedad ajena, y la urbanización La Monxina, un tranquilo residencial de gente acomodada donde un grupo de okupas, que han entrado en viviendas vacías, están dando problemas al vecindario con ruidos, carreras de coches y hasta bolsas de basura tiradas en la calle. En el centro urbano, el Ayuntamiento, incluso, ha decidido actuar tapiando una casa antigua tras saber por los vecinos que el okupa que vivía allí se había ido. «Esas casas son foco de acumulación de enseres y basuras», dice el alcalde, quien asegura que los vecinos también denuncian trapicheo de drogas y de objetos robados.
Enganches
Otro problema añadido de la okupación es el fraude eléctrico y de agua por los enganches. «Queremos que se vaya esa gente que ocupa ilegalmente una casa para no pagar agua ni luz y encima también perjudican y rompen la convivencia vecinal», lamenta el regidor callosino, quien aclara que «diferente es aquellas personas que necesitan una vivienda o ayudas y para esto está Bienestar Social del Ayuntamiento, donde se les va a atender y a gestionar ayudas al alquiler o sociales». Por este motivo, en la comisión «antiokupación» también estará el técnico de Servicios Sociales para atender los casos de okupaciones con menores o aquellos más sensibles y aportarles una solución.
La okupación de viviendas ha aumentado en España un 58% en los últimos cinco años y se estima que hay alrededor de 100.000 viviendas okupadas en España. «La legislación tiene que cambiar», indica el alcalde de Callosa, «se necesita una normativa más amplia para los desalojos rápidos, no se puede consentir la situación actual». Con esta comisión el Ayuntamiento pretende contar con todas las visiones para ver qué medidas puede adoptar, dentro de su competencia -consciente de que no es mucha-, en el caso de las okupaciones, donde hasta la Policía tiene las manos atadas si el okupa lleva en la vivienda más de 48 horas y ha cambiado la cerradura. «Vemos que los okupas actúan con mucha impunidad», se queja Manuel Martínez. «Al tener la visión policial, la de los agentes sociales, la vecinal y la de la justicia, queremos hacer una hoja de ruta y ver cómo la administración local puede ejecutarla».
En el municipio, además, se ha constatado la proliferación de los llamados «pisos pateras», viviendas con sobreocupación y hacinamiento en pisos de alquiler, «y es un problema que hay que atajar también por seguridad y salubridad», dice el alcalde. «Por un lado, hay un negocio ilegal, el realquilar habitaciones, y, por otro, ruidos y molestias, y vamos a actuar por la propia dignidad de las personas que viven allí y poner ante la justicia a quien se lucra con ello», zanja el regidor.
