Despedido. Óscar de Santiago, hasta ahora director de la Escuela Familiar Agraria El Campico de Jacarilla, un centro concertado -que recibe presupuesto público- propiedad de la Federación Valenciana de Escuelas Agrarias (EFA) ha sido despedido, según explica el propio afectado, por impulsar que las alumnas no fueran discriminadas en la admisión al ciclo de Secundaria por razón de sexo. La EFA es un centro religioso ligado al Opus Dei cuyo ideario defiende la segregación: en el caso de la EFA del Campico solo permitía, hasta este curso, chicos en las clases del ciclo de Secundaria. Como desveló INFORMACIÓN eso dejaba a familias con hijas en edad de esecolarización secundaria sin otra alternativa que cursar ese ciclo en otro municipio puesto que no hay otro centro de secundaria, ni público ni concertado, en la localidad.

Hace unas semanas parecía que el conflicto entre padres y propiedad se había resuelto con final feliz. Este curso habrá once chicas junto a los alumnos en las clases en algo que la propiedad del centro, que cuenta con otros dos en la Comunidad Valenciana, ha aceptado, a tenor de este despido, más por la presión de los padres y del propio centro, que por voluntad propia.

En una carta remitida a la alcaldesa de Jacarilla, Pilar Diéz (PSOE) y que la primera edil ha hecho pública a varios medios de comunicación, el director explica que ha sido despedido "en plena pandemia, con seis hijos que alimentar y mi mujer en paro". De Santiago recuerda que "no firmé las admisiones (de las alumnas)", las firmó el representante de la titularidad del centro, "pero había que cortar la cabeza de quien se posicionara a favor de la no discriminación, a favor de la igualdad de oportunidades para niños y niñas, a favor de las recomendaciones de la Inspección Educativa, a favor del respeto a las familias de las niñas con puntos para escolarizar en El Campico y de cumplir el artículo 14 de la Constitución, y las exigencias de la LOMCE".

El ya exdirector recuerda en el mismo texto que durante los años en los que ha estado al cargo de la dirección de la EFA el centro ha pasado de 150 alumnos a 600, "saneando las cuentas, ayudado a formarse a miles de alumnos integralmente, luchado por cientos de familias, sin vacaciones ni fines de semana, dejado las clases de derecho para dedicar más tiempo a la EFA... este es el premio. Cuando empezaron estos acontecimientos ni se me pasó por la cabeza que el final era este calvario".

En la misma misiva este profesor explica que el pasado 12 de agosto Domingo González Sanchis, presidente de la Federación de EFAS de la Comunidad, propietaria del centro -con el que este medio no ha podico contactar este miércoles, "me dijo que estaba despedido por el tema de las chicas".

El exdirector cuestiona que la propiedad "siga convencida que después de esta fechoría van a mantener el concierto con la Conselleria de Educación -que sustenta a los tres centros cocertados con una financiación muy importante-. Están plenamente convencidos de que se reirán de la Conselleria una y mil veces. Como dicen ellos "solo tocarán El Campico"".

"Lo que más me preocupa, lo que me angustia es mi futuro laboral, que me lo han arrebatado unos desaprensivos por pensar de forma diferente a ellos, en clara vulneración de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución".

Para el exdirector se trata de una "persecución ideológica en pleno siglo XXI y en el que los perseguidores cobran del erario público y perseguido pierde su futuro", que reflexiona: " Al final, las manifestaciones, las portadas de periódico solo han servido para afinzar la confianza (de la titularidad) de que salen de todas y se ríen confiados que han actuado en nombre de no sé que Dios menor". "Al final -dice la carta hecha pública por la alcaldesa- tenemos a un perfil ideológico de la discriminación dirigiendo una Federación que cobra concierto económico de tres colegios y lo cierto es que si hay quienes no tienen culpa de esta barbaridad son los trabajadores del Campico". La misma fuente considera que la institución debería ser intervenida por la administración y pide amparo a la Conselleria de Educación -que acaba de autorizar la puesta en marcha de nuevos módulos de formación profesional en el centro-.

Este diario ha podido confirmar por fuentes educativas que la administración educativa podría iniciar ahora un expediente en el que se solicite la retirada del concierto económico del centro si se demuestra el despido improcedente del director. La segregración por sexos de los centros educativos no está prohibida en la LOMCE. La nueva ley de Euducación que se prepara a nivel estatal sí impide financiar a los centros que opten por este modelo, muy minoritario y que en la Comunidad Valenciana se reduce a los centros religiosos concertados ligados al Opus Dei. La Generalitat financia, como ocurre con todos los centros concertados, el funcionamiento del centro. Asume el abono íntegro de la seguridad social y las nóminas de todo el profesorado y otros gastos justificados. En total en torno a un millón de euros anuales.