El Ayuntamiento de Torrevieja adjudicó en el mes de junio dos contratos menores a dos empresas de seguridad distintas con el mismo administrador: Pedro Mario Vicente Rodríguez, concejal del Partido Popular de Catral, en las filas de la oposición, segundo en la lista de la candidatura popular y que en su día ejerciera como edil de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente. En el perfil del PP en Facebook aclara que se dedica al sector de la seguridad con su propia empresa desde los 24 años.
Los Verdes preguntaron al alcalde Eduardo Dolón en el último pleno por estas contrataciones sin recibir respuesta. El 19 de junio, a instancias de una petición del concejal de Mercados, Antonio Vidal y por la vía de urgencia, se adjudicó a la empresa Vigiprot el control de acceso al mercadillo semanal de los viernes en Torrevieja por 10.960 euros, IVA incluido por quince semanas. El reciento requería medidas extraordinarias de seguridad para garantizar los requisitos sanitarios para frenar el covid-19. La plantilla de la Policía Local carece de recursos para realizar ese refuerzo y el municipio ha recurrido a los voluntarios de Protección Civil y a esta seguridad privada. En el expediente figura que se ha pedido presupuesto a otras dos empresas.
A finales de mayo, con adjudicación en el mes de junio, la concejala de Fiestas, Concha Sala, inició el expediente de adjudicación del control de acceso a las oficinas del Teatro Municipal de Torrevieja. Aunque se trata de unas dependencias adscritas al área de Cultura, buena parte de los despachos están en uso de los funcionarios de Fiestas. En este caso la adjudicación se ha hecho por 12.658 euros a la empresa Sermax, en la que también figura como administrador único el concejal de Catral.
El alcalde Eduardo Dolón (PP) indicó a INFORMACIÓN que se enteró ayer mismo por la llamada del diario de que las dos empresas tenían al mismo administrador único y que es además edil popular de Catral en la oposición. Algo que tampoco conocían los concejales que instruyeron los expedientes. El primer edil indicó que para ambos servicios se escogió a la empresa que presentó el presupuesto más económico y con resoluciones amparadas con los informes técnicos. «Me extrañó que Los Verdes preguntaran por estos contratos en el pleno. No teníamos ni idea de a qué se estaban refiriendo», subrayó Dolón.
La misma fuente del equipo de gobierno indicó que pudo comprobar ayer por la tarde que Vigiprot fue contratada para varios servicios del anterior equipo de gobierno de izquierdas. La adjudicación de este tipo de encargos menores, conocida popularmente como contratos a dedo, es legal y está regulada en la legislación. No deben superar los quince mil euros sin IVA en el caso de la prestación de servicios. Sin embargo, los ayuntamientos deberían evitar «trocear» los encargos destinados al mismo tipo de servicio -seguridad privada- porque podría ser una fórmula eludir un procedimiento de mayor envergadura. En este caso control de acceso a recintos municipales, tramitados en el mismo mes, aunque para dos dependencias distintas. La resolución de la junta de gobierno que adjudica el contrato a Sermax asegura que se invitó a otras dos empresas a presentar sus presupuestos. La suma económica de ambos contratos supera ampliamente el montante que hubiera exigido un procedimiento con la concurrencia de más empresas -abierto supersimplificado- y una licitación pública a la que se pudieran presentar otras empresas, no solo a través de una invitación.
El Ayuntamiento comenzó este mandato manteniendo una información puntual sobre las propuestas de contratos menores disponibles para las empresas e invitando a que presentaran presupuestos. Algo que puso en marcha el anterior equipo de gobierno -no todas las delegaciones cumplieron esa directriz política-. Esa opción de información pública se mantiene en la web municipal pero cada vez con menos actualizada. En el perfil de Contratación del Estado solo aparecen los procedimientos menores ya adjudicados. El recurso al contrato menor bordeando la legalidad o directamente incumpliéndola por fraccionamiento es habitual en la mayor parte de las administraciones públicas, desde las locales, a las autonómicas, pasando por las estatales. Es un procedimiento que resuelve la necesidad de obras, servicios o suministros de forma rápida, pero que por otra parte permite un menor control de toda la tramitación.
