La secretaria general del pleno, Pilar Vellisca Matamoros, advirtió ayer al equipo de gobierno del PP de Torrevieja que ha "puesto en entredicho" la fe pública de un acta presentada ayer para su aprobación en la sesión ordinaria. La aprobación de tres actas de sesiones anteriores formaba parte del primer punto del orden del día. Una cuestión rutinaria en cualquier debate de pleno de una administración local. Ayer no lo fue. La edil Rosario Martínez Chazarra (PP) ha pedido por sorpresa que se retirara de esa aprobación el acta del 13 de mayo pasado en la que se aprobó inicialmente el presupuesto de 2020, no sin polémica.

La concejala ha añadido que el documento estaba siendo analizado por el director de la asesoría jurídica para emitir un informe porque, al parecer del PP, "hay cosas que no nos cuadran con los que estuvimos allí en ese pleno", según aclaró después de que la portavoz de Ciudadanos, Pilar Gómez le pidiera que diesa alguna explicación sobre su iniciativa.

Momentos después la secretaria ha intervenido para advertir que se estaba poniendo "en entredicho" su función como fedataria pública. Y ha explicado que ante el anuncio de "la señora Rosario Martínez Chazarra de que está sometida la fe pública (el acta) a un informe de una persona que no es la secretaria general del pleno, que soy yo, que es una función que el Estado me da por ley por haber aprobado una oposición".

"Nadie -ha subrayado- se puede entrometer en mis funciones. La fe pública la doy yo. Si la doy mal ya incluso el código penal avisa de la consecuencia legal que tiene la mala fe pública, que no es el caso...con lo cual el entredicho de la fe pública es lo que estoy poniendo de manifiesto. Y sí que es una cosa que compete a mis funciones: les estoy diciendo que las están vaciando de contenido. Adrede. Ustedes sabrán por qué".

Las intervenciones de la secretaria Pilar Vellisca, a excepción de las que son solicitadas por los cargos públicos para que preste su asesoramiento en el debate, se pueden contar con los dedos de una mano en los más de treinta años que ejerce el cargo en el Ayuntamiento de Torrevieja.

Después de la inédita declaración de la habilitada nacional, que se sienta junto al alcalde en pleno, tomó la palabra la edil del PSOE, Fanny Serrano que ha indicado que no se podía someter a votación dejar sobre la mesa el acta reiterando el argumento de la secretaria de que se dudaba del criterio de la secretaria.

"Se incumple lo dispuesto en el Reglamento Orgánico Municipal. Cualquier concejal puede pedir que se deje sobre la mesa un punto del día pero tiene que motivar el por qué. Y la motivación que da la edil Chazarra es ilegal. Decir que el acta se está sometiendo a un informe de la asesoría jurídica es ilegal, no se puede votar y no se puede permitir que meta a todos los concejales en el lío haciendo que voten. Está usted incumpliendo la ley de forma voluntaria, consciente y eso es un delito. ¿Cómo que no les cuadra con lo que estuvieron en el pleno" con lo que dice el acta "¿si hay una grabación?. Es una poca vergüenza", indicó la edil.

El alcalde llamó al orden en dos ocasiones a la concejal -a la tercera es expulsión-. Finalmente, después de someter el punto a votación todos los concejales del PSOE, LosVerdes y Sueña Torrevieja -cuyo edil Pablo Samper que pidió un receso sin éxito- abandonaron el salón de plenos advirtiendo al alcalde que se dejara constancia de que no "puede hacer que los concejales votemos en una votación ilegal. Algo que ya hizo el 13 de mayo. Ustedes sabrán por qué lo hacen". Ciudadanos y Vox sí votaron abstención.

El acta de la polémica recoge lo sucedido en el pleno telemático del 13 de mayo, que la oposición considera nulo de pleno derecho porque no se aportaron los informes sobre la legalidad y la admisión o no de un recurso de la oposición y en el que se sometió a votación un punto del orden del día que no figuraba en la convocatoria. Algo que recoge ese acta. También, en el momento de la votación no se refleja el voto de uno de los concejales de la oposición, que fue incorporado por el alcalde al acuerdo sin que, supuestamente, se hubiera producido.

El objetivo del informe solicitado al director de la asesoría jurídica, según fuentes de la oposición, sería evitar que finalmente esa sesión plenaria termine declarada como nula en los juzgados, lo que invalidaría todo el procedimiento de aprobación de las cuentas.

El gobierno popular lleva seis meses intentando sacar adelante las cuentas de este año, aunque sea a escasos meses de concluir el ejercicio porque sin ese presupuesto no puede dotar el nuevo servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, que necesita de 25 millones de euros de consignación anual: 466 millones en 15 años. La paralización del proceso de adjudicación -que se ha quedado encallado en la apertura de ofertas técnicas desde junio- coincide con la falta de resolución del presupuesto.

El alcalde de Torrevieja presentó en el juzgado una denuncia contra la secretaria, la oficial mayor y un funcionario de administración general el pasado mes de diciembre. En ella se habla del cobro de supuestos sobresueldos por la asunción de funciones que deberían haber desarrollado otros funcionarios. Lo hizo a instancias del entonces interventor, Jesús López, ahora director de la asesoría jurídica. El mismo que está elaborando ahora el informe sobre el acta de que ha quedado sobre la mesa, según dijo ayer la teniente de alcalde Rosario Martínez. Hace solo tres semanas el primer edil ordenó desplazar a la secretaria de su despacho en la quinta planta, su lugar de trabajo desde hace 30 años, a la segunda, junto al área de Alcaldía, mientras la fedataria estaba de vacaciones. El traslado de archivos y pertenencias se hizo sin su presencia.

La denuncia a los tres funcionarios coincide en el tiempo con la decisión del alcalde de fichar a dedo a un equipo de directores generales que, entre otras funciones, copan ahora la mesa de contratación que debe resolver la contrata de las basuras, entre otros procedimientos. Además se encuentra el director de los servicios jurídicos y desde hace unas semanas la interventora Cristina Serrano, con una larga trayectoria vinculado a cargos del PP en el Consell. Esos cambios de composición han desplazado precisamente a los tres funcionarios denunciados de la mesa. Uno de ellos cuestionó en diciembre que el Ayuntamiento encargara a dedo a una empresa externa la elaboración del pliego de condiciones de la contrata de basuras.