Algo pasa en el Ayuntamiento de Torrevieja. El equipo de gobierno del PP lleva casi un año «obsesionado», en palabras de la oposición, con resolver la adjudicación del nuevo contrato de la recogida de basuras y limpieza viaria de Torrevieja. Su trascendencia se puede resumir en una cifra: 466 millones de euros de dinero público a desembolsar a lo largo de quince años. Pero para sacar adelante la adjudicación es necesario, además, que el municipio cuente con un nuevo presupuesto para este 2020 que permita liberar la partida de 25 millones de euros que cubra el coste anual del nuevo servicio, según el pliego de condiciones. Y en esos dos frentes anda enfrascado el gobierno local desde hace casi un año. El alcalde Eduardo Dolón gobierna con una holgada mayoría absoluta. Pero su proyecto estrella se enfanga entre el procedimiento administrativo, el retraso a la hora de sacar adelante el presupuesto y un enfrentamiento sin precedentes (entiéndase lucha de poder) con los principales funcionarios de la casa.
Con algo de suerte la próxima semana se podrían someter a votación unas cuentas que se validarán a cuatro meses de culminar el ejercicio para el que fueron concebidas. En un hecho sin precedentes un juzgado obligó a exponer al público por segunda vez el proyecto de presupuestos antes de que sea aprobado definitivamente. Aunque para el caso de las basuras, Dolón podría haber impulsado una modificación de créditos del presupuesto en vigor que resolviera esa falta de financianción.
Ni el blindaje de la mesa de contratación que, compuesta por directores generales elegidos a dedo por el alcalde, decidirá la empresa que se haga con el contrato bajo criterios técnicos, ni el refuerzo con altos cargos como el de la interventora Cristina Serrano, ligada a anteriores gobiernos del PP-, o el director de la asesoría jurídica Jesús López, han permitido desatascar la gestión del contrato más importante de la historia de la ciudad. Para liar más el palangre el propio alcalde Eduardo Dolón ha impulsado un fuerte enfrentamiento con la cúpula funcionarial denunciando a la secretaria general del pleno, a la oficial mayor y a un técnico de administración. De la difícil situación que se vive es muestra la insólita intervención de la fedetaria pública en el pleno del jueves advirtiendo que se está vaciando de «contenido sus funciones» como secretaria general del pleno, y poniendo en «entredicho» su labor. Acusando además al gobierno del PP de hacerlo «adrede. Ustedes sabrán por qué», advirtió.
De momento, el contrato sigue anclado en la baremación de las ofertas técnicas. Las económicas deberían haberse abierto a principios de este mes de agosto. Pero en estas el arquitecto Víctor Costa, ahora ya exdirector de Urbanismo, y antes uno de los principales fichajes de Dolón , que como integrante de esa mesa de contratación iba a ser el responsable de informar las ofertas, dejó el cargo de un día para otro sin dar más explicaciones.
Lo único claro es el interés máximo de las grandes empresas del sector. Entre apelaciones a la transparencia del proceso -el anterior se saldó con un alcalde condenado a tres años de cárcel- tal vez la única certeza es que las cinco licitadoras, cuatro de ellas multinacionales, están jugando el partido por hacerse con el concurso más allá de los cauces administrativos. Lo dice la propia mesa de contratación, que se siente «presionada» y que asegura que ha trasladado esas presiones ante el Ministerio Público. A la Fiscalía Anticorrupción lo de basuras no le pilla desprevenida. Lleva meses indagando en los entresijos del servicio público.
