La empresa murciana Grupo Lucas, como avanzó INFORMACIÓN, ha iniciado el trámite de exposición pública para el proyecto de construcción de una macroplanta de compostaje de residuos agropecuarios para producir abono cerca de la pedanía oriolana de Torremendo. Pero este hecho, además de preocupar a los vecinos de Torremendo, ya ha despertado la total oposición de grupos ecologistas en la zona, así como de vecinos de poblaciones limítrofes en la Región. Amigos de Sierra Escalona anticipó en este diario que presentará alegaciones y ahora las ha anunciado Ecologistas en Acción.
La superficie de la instalación sería de 13 hectáreas, dentro de una parcela de 26. Esta se encuentra en el paraje de la Ermita de los Remedios, muy cerca del límite entre la Comunidad Valenciana y la Región, y junto a las sierras del Cristo y Pujálvarez, que forman parte del paisaje protegido de Sierra Escalona. De recibir el visto bueno de la Conselleria de Política Territorial, la firma murciana obtendría la Declaración de Interés Comunitario (DIC), que la autorizaría a realizar actuaciones no permitidas en suelo rústico durante 30 años. El plazo de alegaciones termina el próximo 30 de septiembre y tanto Amigos de Sierra Escalona como Ecologistas en Acción van a mostrar su rechazo.
Los promotores de la obra, según la documentación pública, contemplan una planta de tratamiento al aire libre de estiércol y orina, que procedería de explotaciones de cría de pollos y vacas, dos de la Región y una de la Comunidad Valenciana. El objetivo de la infraestructura es procesar 96.000 toneladas de residuos al año, que serían vendidos o incorporados como fertilizante en las explotaciones que gestiona la empresa en Murcia, Torre Pacheco, Fortuna, Librilla y Alicante.
La infraestructura estaría situada junto a la carretera autonómica CV-949, que comunica Orihuela y Torreagüera. Su ubicación se encuentra a 3,5 kilómetros de Zeneta y 2,5 de El Mojón (Beniel). Dentro de la propia instalación está previsto que se levante una balsa de lixiviados con capacidad para 60.000 metros cúbicos que se impermeabilizaría con PVC. Estos lixiviados se utilizarían para humedecer las heces de cara a su tratamiento.
Zona de riesgo geomorfológico
El terreno de la macroplanta, según explican desde Ecologistas en Acción, es zona de riesgo geomorfológico del Plan frente al Riesgo de Inundación Patricova de la Generalitat, es decir «puede verse afectada por inundaciones». En caso de precipitaciones torrenciales «las fugas de lixiviados se pueden producir», denuncian. La empresa ha pedido una reducción del 50% del canon de uso del suelo, por lo que pagarían menos de 8.000 euros, al alegar que van a generar empleo con la puesta en marcha de la planta, «pero solo van a generar dos puestos», critican los ecologistas.
"Generaría olores brutales, moscas y muchas molestias"
«La instalación nos parece una auténtica barbaridad», ha lamentado Carlos Arribas, coordinador del Área de Residuos de Ecologistas en Acción. «Desde Ecologistas vamos a interponer alegaciones, también lo harán desde la asociación Amigos de Sierra Escalona. Esta planta, al tratar residuos al aire libre generaría olores brutales, moscas y muchas molestias a vecinos de la zona en varios kilómetros a la redonda».
Precisamente el alcalde pedáneo de uno de esos municipios próximos, Zeneta, ha mostrado su «oposición total» al conocer la noticia. «Vamos a evitarlo con todo lo que esté en nuestra mano, ya que puede perjudicar a mucha gente al estar tan cerca», asegura Salvador Cánovas. Los vecinos tanto de Zeneta como de Beniel ya lucharon hace más de una década para evitar la instalación de un macrovertedero en la zona, por lo que Cánovas explica que volverían a protestar si fuera necesario para que sus quejas sean escuchadas.
Grupo Lucas, por su parte, explicó a esta Redacción que no es el mismo caso ya que no se trata de un vertedero, sino de una planta para tratar materia orgánica, «como se ha hecho tradicionalmente en zonas agrícolas». Añaden que ellos han iniciado un procedimiento dentro de la legalidad y que será tarea de la administración competente, tras estudiar la documentación y las alegaciones, decidir si se pone en marcha o no.
