El pliego de condiciones de la nueva contrata de recogida de vehículos, ahora en licitación y en trámite de presentación de ofertas, contempla el uso de una parcela municipal como nuevo depósito. En torno a cinco mil metros cuadrados ubicados entre la CV-905, junto a la sede de Protección Civil y la calle Juan Varela de la Torreta I. Muy cerca del retén de la Policía Local. El terreno es ahora un descampado sin servicios básicos que no se puede emplear para equipamiento municipal hasta tener aprobado un Plan de Reforma Interior.
El suelo le costó al erario público siete millones de euros. En 1986 los redactores del Plan General consideraron que aunque la finca se encontraba en manos privadas debía albergar dotaciones públicas. En 2012 el municipio se vio obligado a acatar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que se abonara la expropiación forzosa a los propietarios. El pago de esta y otras expropiaciones lastró durante años el presupuesto municipal. Pero es que la inversión millonaria en los terrenos no sirve, a día de hoy, para que el municipio pueda darles un uso público.
La actual empresa de arrastre y depósito de vehículos, Servicleop, realiza el servicio sin contrato desde marzo. El municipio se ha apresurado a agilizar el pliego y la tramitación del nuevo servicio para evitar el pago de facturas con informes en contra del área de Intervención que alerta de la ilegalidad de esa situación. La prestación se sigue abonando porque no ha dejado de realizarse y resulta esencial para el municipio. Entre las condiciones que figuraban para el nuevo contrato se asegura que el Ayuntamiento aportaría esos terrenos, situados mucho más cerca del casco urbano y la Policía Local, que el actual depósito, que está en el polígono Casagrande y que obliga a los conductores a los que han multado y arrastrado su vehículo a salir del centro para «rescatarlo».
Pero con una salvedad: solo tras la aprobación de un Plan de Reforma Interior (PRI) que permita convertir la parcela en urbana, con servicios básicos como agua, saneamiento, alumbrado, aceras y accesos. Pero ese plan ni tan siquiera se ha iniciado en el área de Urbanismo. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) explicó ayer los servicios técnicos consideran que se trata de un PRI no «demasiado complejo» que puede estar validado en un plazo de tres meses como «máximo», coincidiendo co la adjudicación -si no se presentan recursos-. Aunque el primer edil también indicó que la aprobación definitiva del PRI depende de un visto bueno final de la administración autonómica.
Las empresas que están interesadas en ofertar par el nuevo contrato ya están preguntando al Consistorio si deben aportar por su cuenta «y de forma provisional» los terrenos para el depósito y qué repercusión económica tendrá en las ofertas. El alcalde indicó que en el pliego, con un importe de licitación de más de 700.000 euros, ya se recoge esa posibilidad -con partidas genéricas para afrontar gastos generales o el de adecuación del solar-, e incluso apuntó a la posibilidad de que las empreas opten finalmente por seguir arrendando el actual depósito en el Polígono Industrial.
